El ex director adjunto había intentado pre jubilarse al cumplir los 50 años y después de que su despido fuese declarado nulo
El Juzgado de lo Social número cuatro ha fijado para las 10,20 horas de este miércoles la vista oral correspondiente a la demanda promovida por Daniel Ponce, antaño director adjunto de la sociedad mixta Mercasevilla e imputado en las tres líneas de investigación incoadas en torno a la gestión desplegada por Fernando Mellet y él mismo, contra la decisión de la actual directiva del mercado central de abastos de denegar su adhesión al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007. Ponce, como se recordará, había sido readmitido en la compañía merced a una sentencia del Juzgado de lo Social número once que declaraba "improcedente" su despido.
La demanda elevada a los juzgados de lo Social de Sevilla, recogida por Europa Press, rememora que el 29 de marzo de 2007, la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, y el comité de empresa del mercado central de abastos pactaron el derecho de los trabajadores a pre jubilarse "voluntariamente" siempre que se alcanzasen los 50 años de edad, medida cuya vigencia se extendía del 2 de mayo de aquel año al 31 de abril de 2010.
El 25 de marzo de 2010, día en el que el consejo de administración de Mercasevilla formulaba las cuentas de 2009 con pérdidas por valor de más de 4,1 millones de euros, Ponce cumplía la edad de 50 años y, en función de los términos del citado ERE, solicitaba su adhesión al procedimiento con visos a su pre jubilación.
Ante la negativa de la empresa a permitir su adhesión al ERE, el ex director adjunto promovió una papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), medida cuyo fracaso motivó la demanda que ha dado pie a este juicio. En su demanda, Daniel Ponce alega que merced al mencionado pacto entre la directiva de Mercasevilla y el comité de empresa, 40 empleados se han pre jubilado, siendo reconocidos a estos trabajadores "los mismos derechos que se le deniegan" al ex director adjunto.
"TRATO DESIGUALITARIO"
Así, se produce un "trato desigualitario injustificado, expresamente proscrito por la Constitución Española, con la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales" de Daniel Ponce. El expediente de regulación de empleo consumado en 2007 en Mercasevilla, como se recordará, constituye la mayor losa financiera de la compañía al haberse desligado de su financiación la Consejería de Empleo pese a los documentos firmados a tal efecto entre finales de 2007 y comienzos de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero.
Si bien el Gobierno andaluz reconoce la validez del procedimiento, entiende como "huérfanos" de sustento jurídico los documentos firmados por Francisco Javier Guerrero en cuanto a la incentivación de las prejubilaciones en cuestión, que de hecho han quedado paralizadas precisamente a consecuencia de la postura del Ejecutivo autonómico.
PONCE Y MERCASEVILLA
De cualquier forma, y según ha informado a Europa Press Simón Fernández, el abogado que representa los intereses de Daniel Ponce, el Juzgado de lo Social número cuatro acogerá a partir de las 10,20 horas de este miércoles el juicio relativo a la demanda formulada contra la negativa del mercado central de abastos a permitir la adhesión de Ponce a este procedimiento que, como se recordará, figura entre los aspectos investigados por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto a la posible comisión de un delito societario en la anterior gestión de la compañía.
Y es que tanto Ponce, como el antiguo director general de Mercasevilla Fernando Mellet, están imputados en las actuaciones promovidas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por ambos, las irregularidades detectadas en la enajenación de los suelos de la empresa y el posible delito societario. Ponce, entretanto, permanece en la compañía como trabajador de los servicios generales gracias a la sentencia del Juzgado de lo Social número once que declaraba nulo su despido previo.
