Así, tras deliberar, el Tribunal ha aceptado la cuestión previa presentada por una de las defensas que lleva a varios de los agentes procesados sobre la falta de competencia de la Sala en función de los delitos por los que se acusa y ha dispuesto que la causa vuelva al juzgado instructor para que se tramite según el procedimiento de la Ley del Jurado.
La Unidad Central Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil supo en 2005 que algunos de los componentes del cuerpo destinados en la sección fiscal del aeropuerto malagueño pedían a los viajeros dinero para no retenerles ciertas pertenencias, explicaba la acusación pública, que pedía en su escrito inicial la suspensión de empleo o cargo público en todos los casos.
En esta línea, el ministerio fiscal apuntaba que los investigadores tuvieron conocimiento de que incluso por parte de la comunidad china afincada en la Costa del Sol se advertía a sus familiares que cuando viajaran a Málaga trajeran en la mano un billete de 50 euros para evitar problemas. En esta causa, también está acusado un hombre de origen chino por cohecho.
En noviembre de 2005, un familiar de un pasajero denunció los hechos. Tras eso, se pidió autorización judicial para desviar la señal de una cámara, ubicada en una cinta de la terminal, e instalar otra en una oficina de la aduana, donde presuntamente se pedía y entregaba el dinero. En las conclusiones provisionales, se detallaban varias peticiones entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 2006.
Según el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, presuntamente los agentes requirieron dinero por dejar pasar equipajes, alimentos sin que hubiera una prohibición expresa por la ley, pero también comida que no podía ser libremente importada, ropa, dinero y, en un caso, un ordenador con el pretexto de que la aduana estaba cerrada.
Inicialmente, la Fiscalía malagueña acusa a 11 agentes por un delito de cohecho, por el que pide para cada uno la suspensión de empleo o cargo público durante tres años y multa que depende de los casos. Por contra, a otros seis guardias civiles se les acusa por delito continuado de cohecho, solicitando tres años y nueve meses de suspensión y multa.
De estos seis, en cuatro casos el ministerio fiscal incluye en su escrito provisional la calificación alternativa por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que solicita para cada uno dos años de inhabilitación especial para guardia civil o cargo análogo, y por otro de cohecho, por el que pide suspensión por tres años y multa.
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