El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, inició este martes una visita a Japón para hacer seguimiento del polémico vertido al mar del agua contaminada y tratada de la central nuclear de Fukushima.
Grossi permanecerá en Japón hasta el jueves y durante su estancia mantendrá encuentros con miembros del Ejecutivo nipón y de la empresa operadora de la accidentada planta nuclear, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), cuyas instalaciones visitará este miércoles.
"Estamos comprometidos a apoyar a Japón en sus esfuerzos para avanzar en el desmantelamiento post-Fukushima, garantizando que haya una gestión segura del suelo. Esta colaboración subraya nuestra dedicación a la protección del medio ambiente", dijo Grossi hoy a través de su cuenta oficial en X.
Su visita arranca al día después de que Japón conmemorara el 13 aniversario del terremoto de magnitud 9,1 y el devastador tsunami que lo sucedió, una catástrofe que dejó más de 22.000 muertos y desaparecidos y desencadenó además la crisis nuclear de Fukushima, la peor desde la de Chernóbil (Ucrania) en 1986.
Grossi inspeccionará sobre el terreno de la central de Fukushima Daiichi el sistema de depurado y vertido al Pacífico del agua tratada que se almacena en las instalaciones atómicas, una descarga que comenzó el pasado mes de agosto.
Dentro de este plan, TEPCO está vertiendo al Pacífico más de 1,32 millones de toneladas de agua contaminada de radioisótopos, tras ser procesada para retirarle la mayoría de esos materiales altamente radiactivos y diluida en agua marina, un proceso que se prolongará varias décadas.
El Ejecutivo nipón, la operadora de la planta y el regulador nuclear japonés se decantaron por el vertido al océano como la mejor vía para solucionar el problema del almacenamiento limitado para el líquido dentro de las instalaciones nucleares, y tras descartar otras alternativas por su complejidad técnica o su mayor coste.
La descarga al océano ha generado críticas de países vecinos, sobre todo de China, aunque está siendo supervisada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que considera que el plan nipón se ajusta a los estándares de seguridad del sector.
El OIEA dio su visto bueno al plan nipón antes de comenzara el vertido, y ha enviado varias misiones a Japón para analizar in situ su puesta en marcha. En un informe publicado el pasado julio, este organismo concluyó que las descargas "graduales y controladas" al mar tendrán un impacto radiológico "insignificante" en las personas y el medioambiente.
Pero el plan nipón, además de contar con la oposición de pescadores locales, no ha estado exento de problemas. El mes pasado, TEPCO admitió que se había producido una fuga de agua radiactiva dentro de sus instalaciones nucleares debido a un error humano, un incidente que, según la empresa, "no tuvo ningún efecto en el exterior".
China, que aplica un veto a la importación los productos marítimos japoneses a raíz del vertido, criticó a Japón por su "caótica" gestión de la central y le exigió "transparencia" tras el incidente.
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