Tras llegar a un acuerdo sobre la Ley de Amnistía con los independentistas catalanes el Gobierno volverá a necesitar su apoyo para su nuevo reto de la legislatura, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pero ya han comenzado a poner distancia poniendo el contador "a cero" en la negociación.
El pacto que desatasca la amnistía, crucial para el futuro de la legislatura, resultaba imprescindible para poder afrontar las negociaciones presupuestarias en unas condiciones favorables, dejando a un lado la tensión de los últimos meses provocada este asunto.
Junts se ha apresurado a dejar claro que al hablar de cuentas públicas el marcador "se pone a cero", según su secretario general, Jordi Turull, pero él mismo ha dicho al mismo tiempo que ahora hay un clima que "ayuda" a "poder construir un acuerdo".
En similares términos, la portavoz parlamentaria de JxCAT, Miriam Nogueras, ha advertido en el Congreso de que "una cosa es la amnistía y otra los presupuestos y la legislatura".
También la portavoz en el Congreso de ERC, Teresa Jordà, ha apuntado que la negociación de los presupuestos de 2024 "es otra carpeta" y desde el Gobierno, la encargada de abordar esta tarea con los grupos parlamentarios, María Jesús Montero, la ha desvinculado del acuerdo sobre la amnistía.
"Cada cosa a su tiempo, estamos hablando con los grupos para posibilitar que haya cuentas nuevas para el año 2024", ha manifestado esta mañana la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, antes de comparecer en el Senado.
Sea como fuere, la ley de amnistía, que abre la puerta al retorno del expresidente catalán Carles Puigdemont y da cumplimiento a las exigencias planteadas por Junts tras haber tumbado la primera versión de la norma cuando fue debatida por el pleno del Congreso, supone para el Gobierno una imprescindible rampa de lanzamiento de la legislatura.
Ya en el debate de investidura del 15 de noviembre, el entonces candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, aseguró a sus socios de Junts y ERC que podían contar con su "compromiso" y el del PSOE para cumplir los acuerdos que aseguraban sus votos, incluida la amnistía.
Para sacarla adelante ha tenido más problemas con JxCAT que con ERC, que sí apoyó la proposición debatida inicialmente en el Congreso y que ahora ha tenido que ser modificada por el rechazo de la formación de Carles Puigdemont a aprobarla el pasado 30 de enero.
Ahora sí creen los de Junts que están amparados todos los implicados en el 'procés', incluido Puigdemont, pero para llegar a este convencimiento ha hecho falta semanas de complicadas y discretas conversaciones que no fructificaron hasta la tarde de ayer, en la víspera del plazo límite, con unas enmiendas también avaladas por los republicanos de ERC.
Y es que desde que comenzó la legislatura Junts casi no ha dado respiro al Gobierno haciendo valer la fuerza de sus votos que el Ejecutivo necesita para sus iniciativas legislativas; pasó el 10 de enero, cuando forzó hasta el límite su apoyo a la convalidación de tres decretos leyes, uno de los cuales no pudo ser aprobado.
Sus peticiones, finalmente, han tenido que ser escuchadas, hasta el punto de que los socialistas han admitido cambios tras haber asegurado que no los habría. Eso sí, el Gobierno asegura por activa y por pasiva que la proposición era perfectamente constitucional cuando entró en el Congreso y que también lo será cuando se apruebe definitivamente.
Para ello todavía debe ser aprobada por el pleno de la Cámara Baja, presumiblemente la semana próxima, y después pasar al Senado, que el PP controla gracias a su mayoría absoluta permitiendo retrasar al máximo su aprobación definitiva; esta Cámara la devolverá al Congreso, al que corresponderá darle el último aval.
Un procedimiento legislativo que se verá acompañado por la otra gran tarea que ante sí tiene el Gobierno de Pedro Sánchez: los presupuestos, para los cuales solo puede contar con los partidos que apoyaron su investidura.
De momento Sumar, su socio de coalición, está plenamente convencido de que el acuerdo de la amnistía "refuerza y encarrila la legislatura", ayudará a los presupuestos y permitirá que haya Gobierno "para rato", según su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón.
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