El horizonte judicial del expresidente catalán y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont se complica tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa penal en su contra por un presunto delito de terrorismo en relación con la actuación de la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic' en octubre de 2019. Esta nueva imputación da pie a nuevas aristas que incluirían previsiblemente un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo, supeditado a una eventual amnistía y a las elecciones europeas.
Fue este jueves, 29 de febrero, cuando el Supremo resolvió sobre la petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de que el alto tribunal asumiera la investigación de Puigdemont por la condición de aforado que goza en calidad de eurodiputado. Ese mismo día, designó a la magistrada Susana Polo como la instructora del procedimiento.
Así las cosas, Polo será la encargada de dirigir la investigación sobre el líder catalán. Ya la Sala de lo Penal avisó de que lo pertinente sería citarle a declarar en calidad de investigado, pero la magistrada también podrá ordenar otras diligencias, como pedir informes a la policía judicial o citar a testigos para interrogarles por los hechos que se investigan.
Respecto a la citación de Puigdemont, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que la instructora, en un principio, puede llamarle a prestar una declaración voluntaria. Cabe recordar, sin embargo, que el juez Pablo Llarena --instructor de la causa del 'procés' en el Supremo-- ya utilizó sin éxito esta fórmula en el procedimiento relativo al proceso independentista catalán y el referéndum ilegal del 1-O en el que el 'expresident' está procesado en rebeldía.
Puigdemont lleva más de seis años huido de la justicia española y actualmente pesa sobre él una orden nacional de detención que dictó el juez Llarena por la causa del 'procés'. No obstante, las fuentes consultadas explican que si se arriesgara a regresar a España sin la amnistía vigente --cuando técnicamente se le podría detener-- no tendría sentido arrestarlo por cuanto la mera existencia de una proposición de ley de amnistía supone un "pronóstico favorable" para el dirigente independentista.
En el caso de que no comparezca a la llamada de Polo, la magistrada tendría que pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo, toda vez que Puigdemont goza de inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputado y que se trata de un procedimiento diferente al que instruye el juez Llarena, quien ya tuvo que acudir a la Eurocámara en su momento, por lo que habría que empezar de cero. Sobre este extremo, sin embargo, las fuentes consultadas recuerdan que el calendario en Bruselas este año se ve afectado por las elecciones del próximo 9 de junio.
Cabe recordar que el eurodiputado de Junts mantiene su inmunidad aún cuando el pasado julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se la retiró; ello porque al haberse presentado recurso por la defensa de Puigdemont, la decisión aún no es firme. De hecho, el juez Llarena permanece a la espera de que se resuelva el asunto para decidir si reactiva o no la orden europea de detención que pesaba sobre él.
Las fuentes consultadas señalan, sin embargo, que lo que decida la justicia europea sobre este extremo solo tendría efectos en el procedimiento que instruye Llarena relativo al 'procés' y no a la causa que instruye Polo sobre 'Tsunami Democràtic'.
Al margen, dichas fuentes añaden que en caso de que Puigdemont no comparezca ante el Supremo, la magistrada puede dictar una euroorden. Para ello también es necesario el mencionado suplicatorio.
Sobre la euroorden, las fuentes jurídicas consultadas subrayan que en esta ocasión el escenario podría ser diferente, dado que esta vez se dictaría por un delito de terrorismo --definido en el Código Penal español, pero fijado también en la directiva europea de 2017-- y no por rebelión o sedición, como ocurrió con la causa del 'procés' y por lo que Bélgica y Alemania se negaron a entregar a Puigdemont, ya que alegaban que en esos países no se castigaban esos delitos.
Aún así, las mismas fuentes apuntan que en lo relativo al expresidente catalán otros países podrían tener también en consideración las declaraciones políticas en las que se señala a los jueces españoles y, en particular, a varios magistrados del Supremo por presunto 'lawfare' para, de alguna forma, rechazar la orden de detención europea.
El futuro de Puigdemont también dependerá del resultado de las elecciones europeas. Si no logra renovar su escaño en la Eurocámara, perdería su inmunidad parlamentaria, lo que facilitaría a la magistrada Polo perseguirle por terrorismo.
Asimismo, será determinante si se aprueba o no la ley de amnistía que han estado negociado Junts y el PSOE, y si esta perdona todos los delitos de terrorismo, como reclama el partido de Puigdemont.
La versión de la proposición de ley que Junts desestimó el pasado 30 de enero no amnistiaba todos los delitos de terrorismo, sino solo aquellos que se hubiesen cometido sin intención expresa de matar o tortutar. Las enmiendas vivas que no logró colocar la formación independentista sí blindaban todas las acusaciones por este delito.
En caso de que salga adelante la norma, el impacto en la causa de Puigdemont dependerá del alcance del texto final. Aún así, ya el propio presidente interino del Supremo, el magistrado Francisco Marín Castán, avisó de que todos los jueces están "sometidos al imperio de la ley", pero en caso de dudas en la aplicación de la ley pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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