El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, se mostró ayer seguro de que el cien por cien de los ayuntamientos andaluces solicitará su parte tanto del fondo estatal como del andaluz puesto en marcha para impulsar el empleo, a la vez que lamentó las críticas vertidas por el PP-A, pues "nadie puede poner en duda el criterio empleado, lo que sucede, es que el PP busca "fórmulas para distanciar".
En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, Toscano advirtió de que no tiene sentido que el PP-A dude de los criterios de reparto de los fondos, por lo que achacó sus críticas a la postura permanente que mantienen los populares, que "creen que cuanto peor le vaya a este país, mejor le puede ir a su organización".
En este sentido, el presidente de la FAMP destacó que no se puede entender este comportamiento del PP-A, ya que se trata de un partido que tiene responsabilidades de gobierno, por lo que "no tiene sentido que en lugar de estar preocupado en buscar fórmulas de cooperación, esté buscando fórmulas para distanciar".
Ante estas declaraciones, la vicesecretaria de Política Municipal del PP-A, Mari Fran Carazo, aseguró ayer que los ayuntamientos de los populares están siendo "perjudicados" por los criterios aplicados para el reparto de los 360 millones de euros del fondo andaluz para el fomento del empleo, a la vez que no dudó en calificar de "parche e insuficiente" este fondo, que "no soluciona el problema de financiación de los ayuntamientos".
En declaraciones a Europa Press, Carazo lamentó que Toscano, “que conoce el reparto de estos fondos no haya actuado ante la decisión de la Junta de introducir criterios que "perjudican a los ayuntamientos del PP-A".
"Mientras se aplaudió por unanimidad desde la FAMP el hecho de que el fondo estatal se repartiera atendiendo a la población, no se ha hecho nada en lo referido a los criterios del paro y aumento del desempleo utilizados por la Junta", destacó la dirigente del PP-A, que argumentó que "mientras los ayuntamientos del PP-A significan el 31,48% de población, del fondo de la Junta sólo nos llegará el 25,3%, es decir, que con estos criterios perdemos seis puntos, mientras que los municipios del PSOE-A ganan más de cuatro puntos".
"Toscano conoce muy bien la realidad y sabe que los ayuntamientos del PP-A salen perjudicados", resaltó la dirigente del PP-A, que advirtió de que las medida puesta en marcha por la Junta de Andalucía es "insuficiente y significa un parche", ya que "no significará una solución para los problemas de financiación y desempleo".
Fernández defiende el apoyo a desempleados
Por su parte, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, quien mantuvo ayer una reunión con los alcaldes de los ayuntamientos onubenses para presentarles los dos planes extraordinarios de empleo de la Junta, el Plan de mejora de la empleabilidad (Memta) y el Plan de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja), animándoles "a sacar el mayor rendimiento posible" a las medidas e inversiones, apuntó que "ahora más que nunca" la Junta tiene que responder ante los desempleados.
En rueda de prensa, el consejero recordó que Andalucía fue la primera comunidad en contar con un plan específico de empleo ante la crisis, el plan Memta, en junio, e incidió en que la Junta "ha vuelto a ser pionera" al aprobar un plan complementario al Fondo Estatal de Inversión Local, el Proteja, que contiene un fondo de 300 millones para las administraciones locales y un paquete añadido de 60 millones para acciones de formación obligatorias para todos los trabajadores beneficiados del plan.
Junto a la formación, el Proteja introduce como novedad la inclusión de criterios distintos al del Gobierno para la distribución del fondo. Así, el reparto se basa en un 20 por ciento en el peso de la población; un 50 por ciento en el paro registrado y un 30 por ciento en la evolución del paro en el último año. Asimismo, para municipios de menos de 1.000 habitantes, se garantiza un fondo mínimo de 1.754,96 euros por desempleado.
El programa, que tiene como fin último propiciar las inversiones locales para la generación de empleo, pretende beneficiar especialmente a las pequeñas y medianas empresas de la construcción, objetivo que se pretende conseguir con el requisito de que las obras municipales deban ser ejecutadas por empresas privadas, y que los contratos que se adjudiquen deban ser inferiores a un millón de euros en municipios con población igual o inferior a 100.000 habitantes, e inferior a cinco millones en aquellos con más de 100.000 habitantes.
Las actuaciones que podrán acogerse al Proteja son la rehabilitación o mejora de los espacios destinados a suelo empresarial o a instalación de empresas; la construcción y mejora de instalaciones de servicios básicos a la ciudadanía -salud, la educación y servicios sociales asistenciales-; la eliminación de barreras arquitectónicas; la conservación del patrimonio municipal y otras actuaciones previstas en el Fondo de Inversión Estatal.
Los ayuntamientos, en el caso de municipios de más de 20.000 habitantes, y las diputaciones en aquellos de menos de 20.000 habitantes, podrán presentar las solicitudes para participar en el programa hasta el 23 de diciembre en la web de la Consejería de Gobernación y antes del 31 de diciembre se habrá dictado resolución de adjudicación.
A partir de ese momento, los ayuntamientos y diputaciones tienen dos meses para presentar los proyectos concretos y la documentación necesaria, en la que se primará la creación de empleo. A partir del mes de marzo está previsto que los ayuntamientos puedan iniciar la ejecución de los proyectos.
Por otro lado, el plan Memta tiene como objetivo facilitar la transición de los demandantes hacia sectores con potencial de creación de empleo, como el medioambiente y las energías renovables; la industria y la construcción naval; los sectores químico, agroenergético, minerometalúrgico y logístico; y el turismo y la hostelería, entre otros.
Para ello, el plan contempla acciones específicas de búsqueda de empleo, como los itinerarios personalizados de inserción o los grupos de búsqueda intensiva, así como cursos-pasarela para adaptar la cualificación de los desempleados a las necesidades de los sectores emergentes. Las becas para la movilidad o las contrataciones para proyectos de interés general y social son otras de las iniciativas incluidas.