Los Servicios Provinciales de Consumo de las Delegaciones Territoriales de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía han comenzado desde este mes de febrero y hasta el próximo noviembre una campaña de control de bares, restaurantes y cafeterías en la comunidad con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente que les resulta de aplicación. Esta campaña contempla en 2024 la inspección de, al menos, 1.000 establecimientos de restauración en las ocho provincias andaluzas.
La inspección abarca, además del Decreto 198/1987, de 26 de agosto, por el que se establecen determinadas medidas en defensa de los consumidores y usuarios para los establecimientos de restauración y similares y de la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, la aplicación de normativas referentes a cartas, hojas de quejas y reclamaciones, aceiteras, información sobre alérgenos e intolerancias y al control metrológico de las balanzas que existan en los establecimientos, según ha señalado la Junta en un comunicado.
Desde la Dirección General de Consumo se ha recordado que, en la campaña de 2023, se realizaron en toda Andalucía 1.233 inspecciones en 697 establecimientos de restauración visitados, agrupadas en 705 expedientes de inspección, de los que 128 resultaron con incumplimientos, lo que supone un 18,2%.
El mayor porcentaje de incumplimientos se produjo porque en el establecimiento no se disponía de las hojas de reclamaciones de la Junta de Andalucía ni del cartel anunciador de las mismas, no se exponían los precios de las comidas y las bebidas, las cartas de comidas y bebidas o las listas de precios no se encontraban situadas tanto en el exterior como en el interior o que en mesa no se entregaba, antes de la prestación del servicio, una carta o lista que contenga la totalidad de lo ofertado, con mención expresa de los productos, servicios y precios, entre algunos motivos.
El resto de incumplimientos más destacados, según la Junta, es que en el local se incumplía la obligación de venta por unidades de peso en la oferta al público de productos de charcutería, queso u otros productos susceptibles de ser cortados de una pieza principal o que no se cumplía con la obligación de venta en peso o por unidades cuando se ofertan al público por ejemplo almejas, coquinas, gambas, langostinos, cigalas, entre otros.
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