Naturgy ha anunciado sus resultados de 2023 en los que destaca un notable incremento del 20,4% en sus beneficios netos, concretamente de 1.986 millones de euros. La empresa, que es la mayor gasista de España y la tercera mayor eléctrica de España, se jacta de haber logrado estos espectaculares beneficios pese a la normalización de los precios de la energía y "el entorno de gran volatilidad”. Sin embargo, este logro financiero tiene sus sombras. La empresa se encuentra involucrada en una creciente controversia con acusaciones de obstruir el desarrollo del autoconsumo colectivo en España, una práctica esencial para la transición hacia una economía más verde y sostenible.
Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, ha destacado que estos resultados "reflejan, de nuevo, el compromiso, la calidad profesional y el buen desempeño de todo el equipo de Naturgy, así como la solidez de nuestros planes de crecimiento industrial y una prudente gestión financiera. Trabajamos cada día para adaptar esta compañía, que ha cumplido 180 años de vida, a un nuevo entorno: el de transformar nuestro mix de negocio y contribuir positivamente a los retos de la transición energética en los países en los que operamos; en especial, en España” Sin embargo, este discurso optimista contrasta fuertemente con las críticas lanzadas por organizaciones medioambientales, especialmente Greenpeace, que acusan a Naturgy de practicar una suerte de proteccionismo empresarial que limita la capacidad de los consumidores y las comunidades de invertir en y beneficiarse de la energía renovable a través del autoconsumo colectivo.
La crítica central radica en los presuntos obstáculos administrativos y técnicos impuestos no solo por Naturgy sino también por otras grandes empresas del sector, como Iberdrola y Endesa. Estas barreras dificultan la implementación de proyectos de autoconsumo, que permitirían a los usuarios generar su propia energía y compartirla dentro de sus comunidades, reduciendo así la dependencia de los proveedores tradicionales y fomentando una red energética más distribuida y sostenible. Greenpeace hizo en octubre un llamamiento urgente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que tome cartas en el asunto ante lo que describen como un "bloqueo" por parte de las distribuidoras eléctricas al desarrollo del autoconsumo colectivo en España. En una carta dirigida a Cani Fernández Vicién, presidenta de la CNMC, la organización ambientalista subraya la necesidad de una intervención regulatoria para facilitar la transición energética hacia fuentes más limpias y sostenibles.
La organización no se ha quedado de brazos cruzados y ha llevado a cabo protestas en las sedes de Endesa, Iberdrola y Naturgy, apuntando directamente a las barreras impuestas por estas empresas al autoconsumo compartido. María Prado, responsable de la campaña de autoconsumo de Greenpeace, ha criticado duramente la doble moral de las eléctricas, que agilizan los trámites para sus propios proyectos mientras que "bloquean" los de otras empresas o colectivos, prolongando los tiempos de espera de manera injustificada.
Entre las medidas exigidas por Greenpeace se encuentran la imposición de sanciones por incumplimiento de los plazos legales para la activación del autoconsumo, la revisión de la retribución a las distribuidoras para penalizar los retrasos, y la creación de un marco regulatorio que mejore la coordinación entre los distintos actores del sector. Además, se pide promover un sistema que facilite la presentación de denuncias por parte de los ciudadanos ante malas prácticas y asegurar el cumplimiento en la facturación y lectura de los puntos de suministro.
Esta acción de Greenpeace se enmarca en un contexto donde el autoconsumo individual ha experimentado un crecimiento significativo, mientras que el colectivo, que podría beneficiar a una mayor parte de la población, se encuentra con "obstáculos casi insuperables", según un informe de la Alianza por el Autoconsumo. La organización denuncia retrasos que pueden llegar a los 24 meses para procesos que legalmente deberían durar mucho menos, una situación que califica de "utopía" en el actual panorama energético español.
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