El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha asegurado que participó en la operación inmobiliaria Crucero Banús, desarrollada a través de una sociedad suiza, por la que obtuvo beneficios de 1,5 millones de euros. Cuestionado sobre la declaración a la Hacienda Pública de ese rendimiento, ha contestado que "si participo con dinero opaco a las autoridades españolas, difícilmente voy a declarar el beneficio a las autoridades españolas".

Roca ha declarado sólo a preguntas del fiscal, por lo que su interrogatorio continuará este martes. Por esta operación ya han declarado otros acusados como son el ex comisario Florencio San Agapito, que ha declarado este lunes; y el ex edil marbellí Pedro Román, su hija, y el letrado Juan Hoffman, que lo hicieron la pasada semana.

Según el fiscal, estos se concertaron para comprar una parcela sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad para revenderla "garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El precio de la operación fue de 4,3 millones de euros y el perjuicio para las arcas municipales de casi cinco millones de euros, mientras que el beneficio para los acusados fue de más de seis millones.

Roca ha asegurado que participó en la operación con un 15 por ciento de los gastos, aunque ha dicho que se le impuso "un plus" tanto a él como a San Agapito, que entraron después; y ha afirmado que entregó al ex primer teniente de alcalde Pedro Román cuatro cheques "de moneda extranjera que tenía de una operación inmobiliaria que había hecho" y, además, 50.000 euros en efectivo, siendo su aportación total de 742.000 euros.

Estos fondos, ha indicado, eran fruto "de una operación de venta de una sociedad, Altos de Guadalmina, que vendí el 100 por cien de las acciones y en España figuró el valor nominal y la diferencia me lo dieron en instrumentos bancarios", en referencia a los cheques en moneda extrajera. Ha señalado que eran rendimientos "no conocidos" y ha apuntado que respecto a los beneficios de Crucero Banús "se me devuelven en Suiza porque yo los entrego en Suiza, eran cheques de un banco americano".

Ha señalado que sabía que la operación se iba a hacer a través de una fiducia en Suiza, y ha asegurado que una vez entrega los cheques bancarios, se le da un recibo que ya no tiene porque luego se oficializó su participación. Ha asegurado que no tiene documentación alguna de esta operación, sólo dos hojas manuscritas intervenidas en su trastero, y que no mantuvo reunión alguna con Román y Hoffman "a la vez" para hablar de esta operación.

El ex asesor ha precisado que en virtud de la liquidación que le correspondían, los beneficios fueron de 1,5 millones de euros "y he podido comprobar que efectivamente es lo que se me abona", a través de una transferencia a una cuenta de una fundación de Liechtenstein, denominada Melifero, de la que era ya antes derechohabiente con anterioridad.

Ha explicado que el dinero fue a dicha fundación porque "yo tenía que depositar fondos de moneda extranjera" y ha señalado que "por instrucciones" del administrador de la empresa Lispag, con la que se realiza la operación, "se transfiere una serie de fondos a Suiza y desde allí se devuelve a los socios el dinero en el sitio donde se habían hecho las aportaciones". "Pensaba que todos lo habíamos puesto en Suiza", ha insistido.

URBANISMO

Respecto al aspecto urbanístico, el ex asesor de Urbanismo ha asegurado que el entonces alcalde, Jesús Gil, "determinaba las condiciones" de los convenios en general "siempre", mientras que "lo que hacía la oficina de planeamiento que yo dirigía era elevar propuestas". En el caso concreto de esta operación, ha dicho que "tenía instrucciones de modificar los parámetros" del convenio previo que ya existía.

En este punto, ha explicado que Gil le dijo que "precisamente por ser Pedro Román no se le iban a mantener los parámetros fijados" para el anterior propietario, de hecho, las condiciones urbanísticas que se pactan en el nuevo convenio "duplican las cesiones al Ayuntamiento del antiguo", ha dicho, en cuanto al exceso de aprovechamiento. Ha añadido que no se modificó la edificabilidad permitida.

Así, ha indicado que en el primer convenio los aprovechamientos para el municipio se fijaban en 60 millones de pesetas --360.600 euros-- y en el segundo "el alcalde me dijo que lo cuadrara en 240 millones de pesetas --1,4 millones de euros--". "Yo no iba a decir al tasador que me modifique el precio al alza y lo que hice fue poner un mayor aprovechamiento al Ayuntamiento, un 22 por ciento. Esa fue mi intervención", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que en el otorgamiento de la licencia no tuvo nada que ver, añadiendo que a la vista de las últimas actuaciones judiciales de la Fiscalía por delitos contra la ordenación del territorio "no existe ningún dato objetivo de que Juan Antonio Roca Nicolás influye, decide o actúa de forma para que se dé una licencia urbanística".

Ha añadido que del precio fijado para el Ayuntamiento se pagaron 240.404 euros --40 millones de pesetas--. Ha negado que interviniera en la búsqueda de la persona a la que vender la parcela, en concreto a empresas relacionadas con el empresario José Ávila Rojas, aunque ha señalado que "la idea nuestra en el momento de la inversión no era vender, sino desarrollar quedándonos con una participación".

El fiscal pide para Roca nueve años por blanqueo; seis años por malversación de caudales públicos; otros seis años de prisión también por malversación de caudales públicos; dos años de cárcel por fraude; seis años por cohecho pasivo y un año de prisión por cohecho pasivo acto injusto.

SAN AGAPITO

Por su parte, el ex comisario acusado, Florencio San Agapito, que ha declarado con anterioridad al ex asesor de Urbanismo, ha asegurado que aceptó entrar en la operación Crucero Banús por "una cuestión de confianza" en el ex primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román y que cuando invirtió no sabía que estaba Roca.

San Agapito, al que se le acusa de dos delitos contra la hacienda pública y otro de blanqueo, por los que se le pide nueve años de cárcel y multa de más de cuatro millones de euros, ha precisado que cuando Román le ofreció entrar en la operación a finales de 2001 con un 15 por ciento no tenía más detalles.

Ha apuntado que no sabía "nada de convenios" ni de Planeamiento 2000, sociedad municipal cuyo responsable era Roca, con el que, ha dicho, no habló sobre el negocio. Ha explicado que Román le presentó a Roca, una persona "con la que no tuvimos ningún tipo de relación profesional", aunque ha asegurado que cuando se veían en Marbella "nos cruzábamos saludos afectuosos y cordiales". "Parece un hombre simpático", ha dicho.

Por otro lado, ha señalado que si hubiera tenido alguna duda o indicios de que alguna persona de las que intervinieron en el negocio "tenía algún tipo de problemas que se pudiera derivar, tenga la completa seguridad de que no hubiera participado con él", ha sentenciado.

Por otro lado, ha explicado que en este asunto "los únicos" interlocutores que ha tenido han sido Hoffman y Román "que me comunican verbalmente los resultados de la venta" a empresas del empresario acusado José Ávila Rojas, a quien no ha conocido hasta el juicio.

Además, ha añadido respecto a la sociedad creada para desarrollar la operación, que fue una situación "sobrevenida" y que son Román y Hoffman los que le informan de que se va a gestionar desde una sociedad en Suiza.