En plena ola de indignación por la falta de medios materiales y humanos para hacer frente al narcotráfico, tras el asesinato en toda regla de dos agentes de la Guardia Civil arrollados por una narcolancha en Barbate, el alcalde de La Línea, Juan Franco, se desmarcó planteando la legalización del hachís para acabar con el crimen organizado. Sus palabras, que han trascendido la prensa local para ocupar espacio en los medios de comunicación de referencia a nivel nacional, han sido tachadas de ocurrencia y desafortunadas desde todos los ámbitos de profesionales y entidades sociales que se enfrentan a las mafias y las graves consecuencias del negocio ilícito y el uso y abuso de estupefacientes.
Lo cierto es que la propuesta del también máximo responsable de La Línea 100x100 no es nueva. Hace una década ya se planteó y el Congreso de los Diputados concluyó que el narcotráfico, como la prostitución, eran actividades sin encaje legal en España. La Cámara Baja también rechazó la legalización en última legislatura, a propuesta del Grupo Parlamentario Republicano y Más País, hasta en dos ocasiones, con los votos en contra de PSOE, PP y Vox, pese al sí de Unidas Podemos y el resto de formaciones de izquierdas, PNV y Ciudadanos.
El Ministerio de Sanidad sí ha iniciado el trámite, precisamente esta misma semana, para desarrollar el Real Decreto con el que prevé aprobar la regulación del cannabis para su uso medicinal. El texto se encuentra en fase de diálogo y discusión con la sociedad civil para recibir sus aportaciones. En paralelo, se ha abierto un correo en la web del Ministerio para que la ciudadanía pueda hacer aportaciones.
Con esta regulación, España pasa a asemejarse a países del entorno que disponen de normativas que permiten el uso del cannabis medicinal como Portugal, Reino Unido o Noruega. Y también se posiciona en la línea de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas, que reconocen las potencialidades terapéuticas de estos compuestos.
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