La renuncia del exministro Alberto Garzón a ingresar en la consultora Acento, tras las críticas desde amplios sectores de la izquierda, aviva el debate sobre el futuro profesional de los políticos, en especial si eligen salir del salón del poder por la puerta del pasillo o vestíbulo ('lobby') donde aguardan los grupos de interés.
Según la legislación vigente, tienen que esperar dos años para ejercer en tareas que atañan a asuntos que ellos supervisaron desde la administración, pero eso no impide que puedan fichar por una de esas empresas de presión política o 'lobbies', si es para encargos más generales.
Esa iba a ser la misión del exministro de Consumo, según él reconoció a EFE el martes, pues su cargo en Acento hubiera sido el de director de prospección geopolítica.
Al publicar su renuncia en X el miércoles con "un punto de frustración", Garzón lamentó la ortodoxia de la izquierda, lo que la impide tener "más influencia" en los espacios de análisis y reflexión.
El sector del cabildeo
La empresa por la que estaba a punto de fichar se define a sí misma como una "firma de consultoría supraespecializada en asuntos públicos" y en la descripción de su web advierte: "Asumimos la intensa intersección actual entre política y empresa".
Su consejero delegado es José Blanco, exministro del PSOE, su presidente es Alfonso Alonso, exministro del PP, y en su plantilla figuran otros destacados ex altos cargos públicos.
Acento es una de las empresas de cabildeo destacadas en España, junto a Kreab, Atrevia y LLYC, en un mercado en el que se abren paso otras más recientes, como Estrategos y Harmon, y en el que hay muchas de nicho sectorial.
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) agrupa a buena parte de ellas y expone que la función es "trasladar intereses legítimos a las administraciones públicas en general y en especial a los poderes legislativos y ejecutivos".
Autorización debida
Durante el bienio en el que los altos cargos cesantes tienen limitada su actividad profesional perciben una compensación económica, que alcanza ahora unos 5.300 euros brutos mensuales si no tienen otros ingresos, públicos o privados, según el Portal de Transparencia.
La Oficina de Conflictos de Intereses se encarga de velar por el respeto a los requisitos para cobrar esa compensación.
Además, a su Subdirección General de Régimen de los Altos Cargos le compete permitir un contrato como el que iba a firmar Garzón o cualquier actividad profesional durante los primeros dos años tras el cese.
Es habitual que se concedan esos permisos para saltarse el bienio en barbecho, como muestra la autorización en 2023 para actividades privadas a 36 altos cargos cesantes, en un dato al que le falta el cuarto trimestre, cuya publicación está aún pendiente.
El año anterior, 2022, fueron 41 las autorizaciones, y los años en los que más se dieron fueron 2018 y 2019, en coincidencia con cambios de gobierno, cuando se alcanzaron las 69 y 87, respectivamente.
Puertas giratorias
Ingresar en un grupo de interés o cabildeo es diferente a ejercer directamente un puesto directivo en una gran empresa, según distingue Garzón en su explicación.
Aunque en ambos casos se puedan aprovechar la experiencia y los contactos obtenidos en el despacho oficial, acceder a un "espacio de prospección" política, como él lo define, no podría equipararse a una puerta giratoria, pues el fin no sería solo el beneficio de una empresa, sino opinar e influir sobre asuntos públicos.
La expresión "puertas giratorias" fue popularizada precisamente por él y otros nuevos dirigentes políticos hace una década, cuando reclamaban poner coto a los fichajes de exministros por grandes compañías y consideraban muy laxas las normas que empezaban a limitarlo.
El anteproyecto en el limbo
En noviembre de 2022, el Consejo de Ministros, en el que estaba Garzón, aprobó un anteproyecto de ley para regular los 'lobbies', que contó con el apoyo de APRI al considerarlo un buen punto de partida, y que no llegó a convertirse en proyecto y tener tramitación legislativa por el adelanto electoral del año pasado.
Según ese texto, que no entró en vigor y que pretende retomar el ministro encargado ahora de la función pública, José Luis Escrivá, los grupos de interés tendrían que pasar a estar registrados, algo que ya ocurre en la normativa de algunas comunidades autónomas y también en la de la Unión Europea, y además tendrían que dejar constancia de cada reunión con un político.
En cuanto a las puertas giratorias, prohibía cualquier actividad relacionada con las materias que hubieran sido competencia del cargo ocupado, pero, al igual que la ley vigente, no zanjaba completamente la posibilidad de los fichajes.
Una puerta entreabierta que solo la Oficina de Conflictos de Intereses puede cerrar.
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