Así lo decidieron ayer en una reunión del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, con los alcaldes de esos municipios ribereños (4 de Jaén, 8 de Córdoba y 6 de Sevilla), iniciativa que todos los regidores consideraron “positiva”, según el consejero andaluz de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro.
En rueda de prensa, el consejero dijo que han acordado además actualizar los protocolos de colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua, el sistema de Emergencias 112 y los ayuntamientos, para “potenciar más la coordinación ante las inundaciones” y adoptar nuevas medidas para prevenirlas y “mejorar lo que sea necesario”.
Tras afirmar que las intensas lluvias del pasado puente obligaron a activar los planes de emergencias de esas tres provincias, destacó que actuaron más de 2.000 personas para paliar los daños más urgentes y que “la prioridad fue garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
A partir de ahí, según Pizarro, han trabajado en “recuperar la normalidad” y ahora empezarán a evaluar los daños y los gastos extraordinarios de los municipios, por lo que aún no han estimado la cuantía de los desperfectos.
Para actualizar las zonas inundables del Guadalquivir, analizarán lo ocurrido ahora y las inundaciones que hubo entre febrero y marzo pasado, pero rechazó que entonces no actuaran.
“Algunos alcaldes han detectado que las actuaciones hechas han paliado daños en estas inundaciones, pues, si no, hubieran sido mucho más cuantiosos”, señaló Pizarro, que cifró en 434 millones las inversiones de ambas administraciones para apoyar a los municipios andaluces afectados.
Tras recordar que el último Consejo de Ministros aprobó extender el decreto del pasado marzo a estas últimas lluvias para hacer de inmediato las valoraciones de los daños, defendió que esta mesa “es necesaria para llegar a conclusiones de trabajo que permitan no sólo actuar cuando surge el problema, sino también en prevención”.
El consejero dijo que los alcaldes “no han cuestionado la política de desembalses, pues reconocen que responden a un protocolo técnico para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, pero sí pidieron que la Agencia del Agua les dé más información sobre ellos.
El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), donde se han visto afectadas 400 viviendas, valoró la importancia de “profundizar y mejorar en todo lo posible los mecanismos de coordinación” para evitar que se repita este problema y buscar soluciones de futuro.
El de Écija (Sevilla), Juan Wic (PSOE), aseguró que la actuación realizada por las Administraciones “ha sido vital para evitar que haya desgracias personales y para que los daños sean menores”, mientras que el de Andújar (Jaén), Jesús Estrella (PP), donde se desalojó a más de cien familias, pidió más y mejor información a los municipios.
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