El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha cuestionado que el fiscal trate de impedirle investigar la conexión entre los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en Cataluña y las "lesiones graves sufridas" por un agente de la Policía.
En un auto fechado este lunes el magistrado llama "nuevamente" a reflexionar sobre "el hecho singular de tener que insistir" ante la Fiscalía, órgano -subraya- que debe "promover la acción de la justicia", sobre los indicios que apuntan "a la legitimidad" de este agente a personarse en el procedimiento como acusación particular.
Y reprocha al fiscal que intente impedirle concretar si "existió tal conexión" entre los disturbios y las lesiones que el agente sufrió, "como parece deducirse de los indicios iniciales, al menos, desde la provisionalidad inicial de este momento procesal".
El magistrado vuelve a hacer esta reflexión en el auto donde desestima el recurso de una investigada contra la personación de este agente, y en el que alude a la argumentación que ya realizó en resoluciones anteriores en relación a las lesiones que sufrieron varios policías en los disturbios.
Reitera, por ejemplo, que al no haber efectuado ninguna diligencia de ordenación ni haber interrogado a los perjudicados "no se puede inferir si por el tipo de objeto arrojado, el lugar en el que se recibió el impacto, la posición del agresor o cualquier otra circunstancia periférica concurrente, podría apreciarse un ánimo de lesionar u homicida".
Y recuerda asimismo las "lesiones muy graves" que sufrió y la necesidad de investigar "si resulta objetivamente imputable a la acción de TD (Tsunami Democràtic) y sus organizadores".
El juez Manuel García-Castellón sigue al frente de la investigación del caso Tsunami hasta conocer la respuesta del Tribunal Supremo a su petición de asumir la causa e investigar por terrorismo al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, aforado en su condición de eurodiputado.
Por el momento, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, debe unificar el criterio de la institución ante las discrepancias existentes y elevar una propuesta al alto tribunal, después de que una amplia mayoría de fiscales de la Junta de Fiscales abogase por proponer investigar a Puigdemont por terrorismo.
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