La Fiscalía Superior abre diligencias para analizar los aeropuertos en los que se vulneró la legalidad

La Fiscalía Superior de Andalucía ha anunciado este jueves que también ha incoado diligencias de investigación para "comprobar" en cuáles de los seis aeropuertos andaluces se vulneró la legalidad con motivo del paro llevado a cabo por los controladores aéreos, una investigación que se hace extensiva también al helipuerto de Ceuta y al aeropuerto de Melilla.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha explicado que precisamente este jueves se van a reunir en Zaragoza todos los fiscales superiores de las distintas comunidades autónomas, una cita que "estaba prevista" con carácter previo al paro de los controladores pero en la que "se va a aprovechar para debatir y tratar las diligencias abiertas por el cierre del espacio aéreo".

En este sentido, García Calderón ha recordado que varias fiscalías territoriales ya incoaron diligencias de investigación penal ante la posible existencia de un delito contra el tráfico aéreo, y a estas fiscalías se suma la de Andalucía, que cuenta desde anoche con un informe "con las pesquisas iniciales" realizado por la Policía Judicial que se incorporará a las diligencias.

No obstante, y tras opinar que "en la mayor parte de los aeropuertos andaluces no existieron incidencias con relevancia penal", ha señalado que desde la Fiscalía Superior de Andalucía se están investigando tres turnos de los controladores, concretamente los correspondientes a la tarde y a la noche del viernes, y a la mañana del sábado, punto en el que "concluye" la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Superior de Andalucía.

Al hilo de ello, García Calderón ha opinado que el delito contra el tráfico aéreo "es ciertamente extraño y poco frecuente", y, según ha recordado, únicamente tiene un precedente en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, cuando trabajadores de tierra de Iberia ocuparon las pistas del mismo. Según ha dicho, se trata de un delito "con una naturaleza colectiva y grupal", por lo que, a partir de ahora, habrá que determinar la cuestión competencial para analizar que órgano jurisdiccional lleva a cabo la investigación, o si, por el contrario, se ejecutan distintos procedimientos en cada provincia española.

Además, ha aseverado que "también hay que ir definiendo las posibles responsabilidades civiles", y si las mismas se llevan en el mismo proceso penal o en procedimientos civiles incoados de manera paralela. No obstante, ello "no va a impedir que las fiscalías continúen actuando y esclareciendo caso por caso lo que ha ocurrido".