Así lo aseguró ayer en rueda de prensa en Huelva el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, al entender que el decreto “debe de ser retirado y tramitado como proyecto de ley que no cobra valor hasta que no termina su discusión y debate y el consultar a las organizaciones sindicales y políticas y, a algo fundamental, a los usuarios, con los que aún no hemos hablado y a nosotros nos parece que es muy importante”.
Tras indicar que su formación defiende un modelo profesionalizado y el actual Decreto “no da suficiente garantías de profesionalización”, acusó al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de “hacer trampas” cuando habla de “acuerdo y consenso” ya que “plantea un diálogo sobre algo que ya está vigente”.
El coordinador de IU, que recordó que desde su formación siempre se han valorado todas las propuestas desde el funcionariado y la modificación que del proyecto inicial se hizo con las aportaciones sindicales, manifestó que en este asunto quedan dos vías “o la rectificación radical o la derogación”.
Una derogación que permitiría, insistió, que la reforma “entre en la vía de proyecto de ley para abrir un diálogo sin condicionantes para alcanzar el mejor modelo de servicio posible”.
Por su parte, la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, criticó ayer las declaraciones de la consejera de Presidencia, Mar Moreno, en las que rechazaba la posibilidad de derogar el polémico decreto de reorganización de la función pública andaluza y opinó que el Ejecutivo andaluz peca de “soberbia”·
Moreno señalaba, en una entrevista con la Agencia Efe, que apoya la labor de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, sobre el decreto del sector público y destacaba que el Gobierno andaluz “comparte en su integridad” esta norma, que no será derogada.
Soto le replicó ayer que este decreto “ha empezado mal, pero puede terminar peor” y criticó que si esa norma, que próximamente se va a debatir en el Parlamento andaluz, no se va a derogar “es por la soberbia del Gobierno de Griñán”.
“Afirmar rotundamente que (el decreto) no se va a derogar es que no hay ningún sentido del consenso, de querer alcanzar acuerdos ni de escuchar a las partes afectadas; es preocupante la actitud del gobierno”, apostilló.
Según reconocía la consejera de Presidencia, “la tramitación como proyecto de ley del decreto es el reconocimiento de la Junta de que hace falta más transparencia en el debate y en el conocimiento del decreto”.
En su opinión, es el momento de centrar el debate en el articulado de decreto acordado entre la Junta, CCOO y UGT, y “no en una enmienda” a la totalidad sobre la acción del Gobierno andaluz, que está “muy mezclada” en este debate, en referencia a organizaciones como el PP, sindicatos y plataformas de funcionarios.
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