Así lo denunció en rueda de prensa el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, que no dudó en señalar que el PP está “utilizando de manera indecente el TC como una tercera Cámara”.
“El PP, en lugar de acatar las leyes, cuando no le gustan por cuestiones meramente ideológicas, que no de legalidad, termina acudiendo al TC”, estimó.
El próximo 9 de diciembre y según el orden del día aprobado por la Junta de Portavoces, el mismo día en el que el CSIF llevará a cabo una cadena humana en el Palacio de San Telmo y en otros edificios emblemáticos andaluces contra la reordenación del sector público, el Parlamento convalidará el controvertido decreto al menos con los votos de la mayoría absoluta del PSOE-A.
El PP-A pedirá su derogación y está por decidir cuál será el posicionamiento de IU. A partir de ahí, el decreto será tramitado como proyecto de ley y los partidos pedirán en comisión las comparecencias de las organizaciones sindicales.
Los socialistas ya han anunciado que quieren contar con la participación de todos los sindicatos (CCOO, UGT, USTEA, CSIF y el Sindicatos de Funcionarios), pero su portavoz fue muy explicito al asegurar que no llamará a las “plataformas fantasmas apoyadas por el PP”. Según Jiménez, el debate servirá para “poner en evidencia al PP y los manipuladores, a las demagogias y mentiras” que se están vertiendo contra el decreto que han pactado la Junta junto con CCOO y UGT.
“La norma es buena. El PP se quedará solo en su estrategia judicial de escaparate y de artificio. Se verá obligado a explicar su modelo de circo y ruido”, sentenció Jiménez.
En su opinión, que los partidos se conviertan en fiscales es una “muestra más de la irresponsabilidad e indolencia de Javier Arenas (líder del PP-A) de mirar a Andalucía desde lo alto de un caballo, en una actitud antidemocrática”.
Auditoría del sector
Mientras, la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, anunció ayer que su partido pedirá la derogación del decreto y que el Gobierno andaluz ponga en marcha una auditoría independiente sobre el funcionamiento y la gestión de las empresas y conocer en qué situación están antes de su reordenación, ya que se debe conocer cuáles son las empresas que deberían o no mantenerse.
“Pedimos una auditoría independiente que nos diga qué empresas son las mejores y cuáles son las que dan mayor beneficio social y también cuáles son las de mayor beneficio económico”, señaló Oña, quien añadió que es necesario conocer por qué se “ha engordado de manera ficticia” a este sector.
El PP plantea que, una vez derogado el decreto ley y que se realice esta auditoría, el Gobierno andaluz establezca cauces de promoción del diálogo, la participación y la negociación, dando cabida a los sindicatos, incluyendo aquellos representativos de la función pública, además de a expertos de reconocido prestigio en derecho administrativo y laboral, para alcanzar el consenso.
Oña señaló que el Gobierno andaluz no debería solo “arroparse en los sindicatos afines” para sacar adelante esta medida y poner en marcha una mesa de trabajo integrada por todos los mimbres del sector público andaluz.
Aprobar un plan de austeridad para el sector público empresarial, con una reducción de altos cargos y puestos directivos, los elevados sueldos, las dietas, así como alquileres de sedes territoriales y las encomiendas de gestión son otras de las medidas planteadas por el PP en la proposición no de ley.
El PP insta al Gobierno andaluz a aprobar en el próximo periodo de sesiones el proyecto de ley que regule el estatuto del funcionario público de la administración andaluza, para que el acceso de los empleados se haga respetando los principios recogidos en la Constitución de mérito, capacidad y libre concurrencia.
Chamizo demanda a los partidos consenso y serenar la situación
El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, afirmó ayer que “habría que llegar a un consenso” y “serenar la situación” ante el clima creado tras la aprobación por parte de la Junta del decreto de reordenación del sector público, por el que, según dijo, “mucha gente lo está pasando mal”.
Chamizo insistió en que los funcionarios “lo están pasando mal al pensar que pueden perder su puesto de trabajo”, y explicó que remitió al Defensor estatal la queja que el sindicato CSIF le había hecho llegar sobre el decreto, y que esta institución “no ha visto causa de inconstitucionalidad”, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso en el mismo sentido.
El Defensor del Pueblo andaluz dijo que la situación “se ha complicado” tras la aprobación por parte de la Junta del nuevo decreto y apostó por “ver en qué queda el debate” cuando se tramite como ley en el Parlamento. “Habría que llegar a un consenso de fuerzas políticas y sindicatos, pero me temo que los vientos que soplan no son de consenso”, apuntó, por lo que insistió en la necesidad de “serenar la situación”.
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