La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, criticó ayer la postura del PP-A en relación al polémico decreto ley sobre el sector público y le recordó que ahora es “el momento de debate parlamentario, no de los recursos al TC”.

La número dos del Ejecutivo autonómico se refirió en estos términos a la idea de los populares de presentar un segundo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por el nuevo decreto ley de reordenación del sector público andaluz, argumentando que esta norma, ya en vigor, tiene numerosos artículos que son “exactamente iguales” a los del anterior.

Según Moreno, la admisión a trámite por el TC del primer recurso del PP contra el decreto ley es un “trámite procesal que no entra para nada en el fondo de la cuestión”, aunque también recordó que “quien si ha entrado en el fondo” del asunto es el Defensor del Pueblo.

“El Defensor del Pueblo ha dejado meridianamente claro en su informe que el decreto no conculca la libertad sindical, respeta la negociación colectiva y los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público”, precisó.

El Gobierno andaluz -según Moreno- ha querido abrir un debate parlamentario en torno al decreto porque ha considerado que era “necesario a la luz de la inquietud y la quejas” sobre el mismo, una iniciativa con la que pretende “esclarecer” los contenidos del mismo al margen de “críticas variopintas” a la Junta.

“Yo le diría al PP que es el momento de los diputados, no de los abogados, a no ser que el PP no tenga diputados capaces de defender sus proyectos y propuestas en el Parlamento. Es el momento del debate parlamentario y no de los recursos al TC”, criticó.

Preguntada por la cadena humana que prevé realizar el CSIF en el Palacio de San Telmo y otros edificios emblemáticos de la Junta el próximo 9 de diciembre en protesta contra el decreto ley, Moreno apuntó que la Junta va a “respetar todas” las movilizaciones y actos de protesta que realice cualquier sindicato siempre que “se respeten las reglas del juego”.

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, defendió ayer la tramitación como proyecto de ley del segundo decreto porque permitirá “despejar dudas” y achacó las movilizaciones a la “manipulación” y a un intento de “desestabilizar” al Gobierno.

En comparecencia parlamentaria, Martínez Aguayo dijo que el objetivo del Gobierno es “reforzar el modelo público de prestación de servicios a los ciudadanos”, con “plenas garantías y derechos” para los empleados públicos.

La consejera calificó la reordenación como “necesaria” para culminar la adaptación de los entes instrumentales al marco jurídico de la Ley de Administración de la Junta y en la legislación básica del Estado, y para mejorar la eficiencia, agrupando servicios comunes, reduciendo gastos corrientes con la unificación de sedes administrativas y amortizando puestos directivos, según la consejera.

“Se trata de eliminar posibles duplicidades y racionalizar la estructura administrativa”, recalcó Martínez Aguayo, quien señaló que la decisión de que se debata como proyecto de ley surge por las “dudas” generadas entre muchos empleados públicos debido a la “manipulación” que se ha hecho por algunos “sectores conservadores” sobre este decreto.

Martínez Aguayo, que denunció la existencia de una “campaña de intoxicación mediática que parte desde posiciones conservadoras” contra el decreto, señaló que el acuerdo logrado con UGT y CCOO, que “representan a tres de cada cuatro funcionarios”, es “necesario, constructivo y válido”.

Todo ello a pesar de las acusaciones vertidas por “sindicatos minoritarios” que, en su opinión, no han querido negociar “a veces con posiciones numantinas” y cuyas reivindicaciones, en ocasiones, “van más allá de la defensa de los empleados públicos”.

Reiteró que la reordenación del sector público se hará desde “el más escrupuloso respeto al régimen jurídico de la función pública y a los derechos del personal funcionario y laboral”.

Los funcionarios piden la derogación y la dimisión de la consejera de Hacienda

Empleados públicos convocados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) se concentraron ayer a las puertas de la Consejería de Hacienda para pedir la derogación del decreto de reordenación del sector público y la dimisión de la consejera, Carmen Martínez Aguayo.

Con pancartas en las que se podía leer “No al enchufismo. Ofertas de empleo reales, legales y sin engaños. Oposiciones libres” y “Rechazo al decreto 5/2010. No a la privatización de los servicios públicos”, alrededor de un centenar de funcionarios hicieron sonar bocinas y silbatos para mostrar su “repulsa” al decreto.

Según el presidente de Safja, Alfredo Pérez, tanto el decreto 5/2010 como el posterior 6/2010 que lo modifica en algunos aspectos, suponen la inclusión dentro de la Administración de la Junta “a todo un personal externo sin pasar previamente las pruebas a las que el personal de la función pública se ve sometido, como oposiciones”.

Pérez reclamó que “todo el personal tenga la oportunidad de adquirir un puesto en la función pública”, ya que considera que “con la inclusión de entre 20 y 30.000 trabajadores de personal externo el personal de la calle se verá abocado a que se le reduzcan las plazas y las oportunidades”.

Manifestó que no están a favor de que “se privatice ningún servicio público” y dijo que la admisión a trámite por parte del Constitucional del recurso del PP contra el texto lleva “a pensar que esto puede tener una solución a medio plazo positiva” y recordó que Safja también presentó un recurso de amparo ante el TC y una querella ante el TSJA.