El PP dio a conocer ayer dos nuevas prejubilaciones presuntamente irregulares en Mercasevilla, una de ellas incluida en la lista de beneficiarios en un anexo firmado por Antonio Rivas, ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, también imputado en la petición de una comisión de 450.000 euros.
Estos dos nuevos casos elevarían a cuatro las personas incluidas irregularmente en los ERES del mercado central sevillano, junto a los ya conocidos de Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén) que nunca trabajó en Mercasevilla, y una viuda sevillana, Carmen F. G, que siempre fue ama de casa.
No obstante, Diego Correa, secretario del Comité de Empresa de Mercasevilla, dijo ayer a Efe que estos dos nuevos casos son “totalmente legales” y que “el que lleven más o menos tiempo trabajando no les impide acogerse al ERE”. A diferencia de los dos primeros casos denunciados, “todos los que están ahora en la lista cumplen escrupulosamente los requisitos”, afirmó Correa.
Según la documentación facilitada a Efe por el PP, José Antonio R. M. fue incluido en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 mediante un anexo firmado el 17 de mayo de 2007 por el entonces delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, con objeto de realizar una “subsanación de errores” en la relación de 63 beneficiarios inicial del 7 de mayo.
Dicha corrección se hizo a petición del entonces gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, también imputado en las presuntas irregularidades y delitos societarios que investiga el juzgado de instrucción 6 de Sevilla.
El PP, que ejerce la acusación particular en el caso, sostiene que en la documentación oficial del ERE no se ha incluido el historial de vida laboral de José Antonio R. M, a diferencia de otros afectados.
La segunda prejubilación presuntamente irregular, según el PP, es la de Francisco R. B, incluido en el ERE tras haber sido contratado por Mercasevilla tres años antes, en 2004, cuando contaba 54 años de edad, como mozo especialista en carga y descarga.
Por su parte, Correa dijo que también creen legal el caso de Carmelo H. S, un vigilante de seguridad que se jubiló con solo dos años de antigüedad y que “se acogió al ERE porque le interesaba”.
Las jubilaciones irregulares se han conocido en uno de los tres sumarios del caso Mercasevilla, en los que están imputadas una quincena de personas y varios cargos políticos o de confianza como el ex delegado de la consejería de Empleo en Sevilla y Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del alcalde.
Mientras, el aspirante del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, aseguró ayer que las supuestas irregularidades de Mercasevilla tienen al PSOE como “denominador común”, y la trama puede llegar, según él, hasta los despachos del PSOE en Madrid.
Ahora, señaló junto al secretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, hay seis destacados socialistas imputados de un total de catorce y la posible comisión de los delitos de cohecho, estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y malversación de caudales públicos, entre otros.
