En la ejecución de los referidos controles e inspecciones se detectaron 1.342 infraestructuras ilegales asociadas a la captación ilegal de aguas
La Guardia Civil realizó el pasado año 1.724 inspecciones en diversas explotaciones y detectó 1.342 infraestructuras ilegales para captar agua, la mayoría pozos, mientras que han sido detenidas e investigadas 92 personas por la comisión de 106 delitos.
La Dirección General de la Guardia Civil da a conocer este lunes el tercer balance anual de la operación Mizu contra la extracción ilegal de agua en 2023, en el que los agentes constaron en las 1.724 inspecciones y 326 controles un total de 106 delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, contra la ordenación del territorio, defraudación de aguas y fluido eléctrico.
Además, se denunciaron 2.341 infracciones administrativas, principalmente por incumplimientos a la normativa de aguas (67 %), e interpusieron 347 denuncias a la normativa sobre urbanismo y ordenación del territorio, y 312 a la normativa sobre minas.
En la ejecución de los referidos controles e inspecciones se detectaron 1.342 infraestructuras ilegales asociadas a la captación ilegal de aguas.
Más del 80 % de estas infraestructuras se corresponden con pozos y sondeos, encontrándose también otras infraestructuras de captación ilegal de aguas de diversa naturaleza, como balsas, canalizaciones de riego y cauces de ríos o arroyos.
Las principales conductas irregulares detectadas son la carencia de autorizaciones, la distracción de agua de su curso sin autorización, carencia de medidas de seguridad o la manipulación, mal funcionamiento o ausencia de contadores volumétricos.
Los agentes del Seprona han hecho uso de la teledetección aplicada a la lucha contra las extracciones ilegales de agua, que permite analizar la evolución a lo largo del tiempo de los usos del suelo y de las prácticas agrícolas realizadas en cualquier finca rústica.
Entre las actuaciones desarrolladas en 2023, la Guardia Civil destaca la Operación Chaak, en la comarca de la Axarquía (Málaga), donde se constató la derivación ilegal de más de 25 millones de metros cúbicos de agua de dominio público hidráulico estimado en unos 10 millones de euros.
Culminó con la detención de 26 personas y la investigación de otras 44 por supuestos delitos contra los recursos naturales, el medioambiente y usurpación de aguas públicas, habiéndose detectado más de 250 aprovechamientos ilegales entre pozos, balsas, sondeos...
En la Operación Underwater, el Seprona, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura, realizó 53 inspecciones agrícolas en la zona de influencia de la rambla Ramonete (Mazarrón, Murcia), donde se identificaron 51 pozos ilegales, la mayoría en uso o disposición de ser usados para agricultura intensiva.
Esta operación se saldó con la investigación de 18 personas por la supuesta comisión de delitos contra los recursos naturales y medioambiente y usurpación de agua.
