Atendiendo a las sugerencias recibidas de los vecinos, García- Pelayo informó de que el PP va a proponer al Gobierno local que reforme y adecente los bloques y viviendas de Cerrofruto que se encuentren en mejor estado para que los jerezanos que están sufriendo los desahucios pueden tener acceso a viviendas de emergencia social de forma temporal.
La dirigente popular aseguró que los propios vecinos del barrio les han trasladado “que nadie entendería que ahora mismo se derribaran todos los bloques cuando en Jerez hay familias que se están quedando en la calle desahuciadas”. “Cuando la situación económica mejore ya no sería necesaria mantenerlas y entonces se podrían derribar”, defendió García-Pelayo.
Asimismo, recordó que desde el año 2007 se han producido casi mil desahucios y en los primeros meses de 2010 la cifra se ha aumentado en un 40 por ciento, explicando que el PP ya propuso que se creara un parque de viviendas de emergencia social reservando un 3 por ciento de las viviendas de promoción pública destinada a resolver situaciones temporales, por acontecimientos extraordinarios y para cualquier ciudadano, pertenezca o no a un colectivo con riesgos de exclusión social, “pero el PSOE no sólo no hizo caso sino que intentó ridiculizarla y miró para otro lado”.
Sin embargo, añade, “por responsabilidad con los jerezanos que se están viendo afectados por los desahucios tenemos la obligación de volver a tenderle la mano al actual Gobierno del PSOE en materia de vivienda”. “Jerez tiene la oportunidad de contar con un parque temporal de viviendas de emergencia social de forma inmediata si, de forma provisional, no se derriban todos los bloques de Cerrofruto y se reforman los que están en mejor estado”.
Por último, García-Pelayo entiende que “el acceso a estas viviendas debe estar regulado por un reglamento específico en el que los solicitantes serían personas que han perdido su vivienda por pérdida de empleo y que no tienen posibilidades económicas para acceder a otra ni alternativa de alojamiento. El alojamiento se prolongaría durante un periodo de tiempo que les permita mejorar su situación y el Ayuntamiento revisaría cada seis meses las condiciones de adjudicación”.
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