Las defensas de los acusados en el proceso contra la excúpula de UGT Andalucía por un presunto fraude en las subvenciones concedidas por la Junta para cursos de formación piden la nulidad de las actuaciones al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados y se basan en pruebas 'ilícitas' aportadas por un exempleado.
La sección tercera de la Audiencia de Sevilla ha acogido este lunes, con las cuestiones previas, la primera jornada de este juicio contra cinco exdirigentes de UGT-A y otras diez personas que actuaron como proveedores del sindicato.
En el banquillo se sientan el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpin, la exresponsable de Compras Dolores Sánchez y el delegado de Soralpe I Más P Asociados, Enrique Goicoechea.
Las defensas han coincidido en que se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados, sobre todo por el inicio de la denuncia por parte del extrabajador del sindicato Roberto Alejandro Macías, quien fue condenado a dos años de prisión por un delito de revelación de secretos al haber revelado documentación del sindicato.
Precisamente, Luis López de Castro, letrado de Fresneda, ha sido muy contundente en su intervención al asegurar que contra su defendido se ha realizado un 'proceso inquisitorial por parte de la juega Mercedes Alaya', primera instructora, y ha citado numerosa jurisprudencia con la que ha intentado demostrar que se han vulnerado derechos constitucionales contra su defendido.
La defensa de Fresneda ha incidido en la 'ilegalidad' de la información aportada por Macías, al que ha acusado de actuar de 'mala fe, por venganza y odio' hacia el sindicato.
Según la defensa de Fresneda, el origen 'ilícito' de la información aportada por Macías hace que se tengan que descartar las acusaciones y hacen que no sean válidas las pruebas aportadas por la acusación.
Fresneda sufrió también violación de derechos fundamentales como la inviolabilidad domiciliaria y el secreto de las comunicaciones, según su defensa.
A estas reclamaciones se han unido la defensa de María Charpin, de Dolores Sánchez y de Enrique Goicoechea.
La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso con otro de falsedad en documento mercantil por los 40,7 millones de euros correspondientes a catorce expedientes de ayudas concedidas entre 2009 y 2011 para la realización de más de 2.000 cursos o actividades de formación para parados.
La operativa, según el magistrado instructor, pasaba por destinar los fondos recibidos a través de subvenciones públicas "a unos fines distintos" del que deberían haber tenido, que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación".
En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación, aseveraba el juez, "era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato".
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