La antigua cúpula de UGT de Andalucía, encabezada por su exsecretario general Francisco Fernández Sevilla, será enjuiciada desde mañana lunes en la Audiencia de Sevilla por un presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación concedidas por la Junta y desviadas supuestamente a financiar al sindicato.
Junto a Fernández Sevilla, se sentarán en el banquillo de los acusados el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda; la exsecretaria de Gestión Económica María Charpín; la antigua responsable del departamento de Compras; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados, Enrique Goicoechea, y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato.
La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso con otro de falsedad en documento mercantil por los 40,7 millones de euros correspondientes a catorce expedientes de ayudas concedidas entre 2009 y 2011 para la realización de más de 2.000 cursos o actividades de formación para parados.
También reclama que estos acusados indemnicen solidariamente a la Junta con los 40.750.047 euros supuestamente defraudados e incluye a UGT-A como responsable civil subsidiario por esta cantidad y responsable solidario en las multas.
El juicio, que llega tras dos aplazamientos de la sesión inicial de las cuestiones previas, está previsto que se alargue hasta el próximo mes de junio.
En el auto de procesamiento que ha derivado ahora en juicio, el juez de Instrucción número 9 de Sevilla determinó que "el cómputo global de las cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical ascendía a 40.750.047 euros.
El instructor relataba que hay pruebas de que entre 2009 y 2013 hubo "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores" para facilitar al sindicato "una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias".
La operativa, según el magistrado, pasaba por destinar los fondos recibidos a través de subvenciones públicas "a unos fines distintos" del que deberían haber tenido, que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación".
En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación, aseveraba el juez, "era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato".
Por estos hechos, Anticorrupción también pide cinco años de prisión para la responsable de la Central de Compras y tres para diez proveedores a los que considera cooperadores necesarios de UGT-A para la comisión de los delitos.
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