Un juzgado ha declarado ilegal el chalet de lujo levantado en el paraje Txalin, en el monte Igeldo de San Sebastián, propiedad del exfutbolista del Real Madrid y Real Sociedad Xabi Alonso, y actual entrenador del Bayer Leverkusen, ha informado este viernes el colectivo ecologista Haritzalde.

Esta asociación conservacionista, junto a otras dos agrupaciones de Igeldo, pidieron en noviembre de 2022 al Ayuntamiento donostiarra la demolición de este edificio, así como la suspensión de la obras, la anulación de las licencias y la "restitución total de la zona", al tiempo que presentaron una demanda contra el consistorio "por permitir la construcción" de esta vivienda que consideraban "ilegal".

Haritzalde desvela en un comunicado que la resolución a esta demanda, dictada el pasado martes, ha sido ahora "favorable" a sus intereses, al apreciar que la construcción "es ilegal porque no tiene nada que ver con la reconstrucción del caserío original" que se pretendía, sin cumplir además "en absoluto la obligación de mantener la tipología rural".

El grupo ecologista revela asimismo que la sentencia "también considera ilegal la construcción de una cubierta plana" en el chalet.

Deberá ser demolido

"El argumento que esgrime la sentencia es tan radical que ni siquiera ha necesitado el juzgado pronunciarse sobre las irregularidades concretas que denunciábamos en nuestra demanda", recalca Haritzalde en su nota, en la que opina que el edificio deberá "ser demolido, pues no sólo carece de licencia" sino que la que le fue otorgada resulta "nula y de imposible legalización".

"Así lo denunciamos desde el principio y el juzgado nos ha dado la razón. Y recordamos que no es la primera vez. Ya ha habido casos anteriores en Igeldo y casi todas las sentencias nos han sido favorables", insiste Haritzalde.

"Sin embargo, especialmente con este caso, se ha puesto de manifiesto la mala y frívola actuación del Ayuntamiento donostiarra", subraya el colectivo conservacionista.

"Los promotores -añade-, con una osadía espectacular, no sólo emprendieron una clara operación ilícita sino que idearon unos accesos inexistentes, reclamaron una edificabilidad que no existía en el edificio original y en el caso del sótano superaron claramente lo que se podía permitir".

Retorcer las normas

"El Ayuntamiento -agrega-, en lugar de defender la lógica y los derechos de los ciudadanos, aceptó estas peticiones contraviniendo las normas o alargándolas y retorciéndolas hasta el infinito".

"Cuando han sido denunciados han reaccionado modificando incluso la normativa para pretender tapar a posteriori la ilegalidad del sótano y la cubierta plana, o dejando sin responder la denuncia presentada contra la obra en noviembre de 2022", matiza Haritzalde.

En este sentido, la asociación ecologista se cuestiona ahora "por qué se ha dejado hacer esta obra", cuando "ni siquiera permiten construir piscinas en Igeldo".

"¿Quién se va a hacer cargo de las millonarias consecuencias de esta irregular licencia?" se pregunta, al tiempo que recuerda que el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, "defendió al día siguiente de la denuncia la legalidad de la licencia y señaló que si no era así se tomarían medidas".

"Ha llegado el momento. Que aclare qué ha pasado en el Ayuntamiento para que se admita todo esto", reitera Haritzalde, antes de recordar que "no es la primera vez que las asociaciones deben llevar a los tribunales las lucrativas licencias que el Ayuntamiento otorga vulnerando la ley en favor de algunos y grave perjuicio al medio ambiente, ordenación urbanística e interés general".

Satisfacción por la resolución

Tras conocer esta sentencia, Ezker Anitza-IU de San Sebastián ha expresado en una nota su satisfacción por la resolución, al tiempo que ha recordado que ya denunció los hechos hace dos años en una comisión municipal.

Ezker Anitza-IU ha explicado que en este caso "se produjeron un cúmulo de modificaciones que el Ayuntamiento ignoró y a pesar de las advertencias buscó tapar para facilitar esta operación que es muestra de un urbanismo a la carta".

"Ahora, con la sentencia en la mano, nos preguntamos cuánto va a costar cumplir con la legalidad y proceder al derribo -del chalet- y quién va a pagar la irresponsabilidad" del Gobierno municipal, concluye la formación de izquierdas.