Moreno apuntó que “había que convocar” la Mesa de la Función Pública y se ha optado porque sea la general, sin explicar por qué no se ha accedido a convocar la sectorial, en la que sí están todos los sindicatos de funcionarios, señalando que la Junta “ya ha movido” el decreto para incluir las modificaciones planteadas por CCOO y UGT, y aunque la Junta está dispuesta a “mejorarlo” gracias al diálogo con las partes, insistió en que “no se retirará” y que se mantiene la idea de presentarlo como enmienda a la Ley de Presupuestos de la Junta para que entre en vigor en enero.
Reiteró que la Junta está convencida de que este decreto es un “paso adelante en la modernización de la administración pública” y moderniza los servicios públicos, al tiempo que introduce austeridad y eficiencia, apuntando que el “mejor antídoto contra la privatización de los servicios públicos es su correcto funcionamiento, su eficacia y su eficiencia”.
Ante esta convocatoria, el sindicato CSIF-A anunció ayer que acudirá a la reunión con el planteamiento de pedir la derogación del decreto ley, una postura considerada “irrevocable” por el sindicato.
Por su parte, fuentes de Ustea consideraron “fatal” que no se convoque la mesa sectorial y que “se vuelva a obviar y a ignorar a los representantes legítimos de los trabajadores”, ya que”esta reordenación sólo afecta a la Administración General de la Junta y sólo se debe llevar a la mesa sectorial y comisión de convenio correspondientes”.
Por su parte, fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) lamentaron que con esta convocatoria de la mesa general “se vuelvan a negociar cosas donde no corresponda” y criticaron que “la Junta prefiere negociar con sindicatos que son mayoritarios en personal laboral pero no en el personal funcionario”.
Mientras, el presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró ayer que con un gobierno popular en Andalucía habría “una reducción espectacular” de altos cargos, pero no sobraría “ni un funcionario”, que tendrían “su mejor etapa en la vida autonómica” y serán “los líderes” de la Administración.
También volvió a pedir al presidente andaluz, José Antonio Griñán, la derogación del decreto ley de reordenación del sector público y que se siente a negociar con todos los sindicatos.
Por otro lado y en referencia a las palabras del presidente de ERC y candidato a la Generalitat catalana, Joan Puigcercós, la portavoz del Ejecutivo andaluz señaló que apuntó que la Junta defiende “con rotundidad el esfuerzo fiscal que realizan Andalucía y los andaluces” igual que el que realizan el conjunto de los españoles, señalando que “nadie puede negar sin mentir el esfuerzo fiscal de Andalucía”.
Recordó que la publicación de las balanzas fiscales ya desmontó la “idea preconcebida de que Andalucía recibe mucho y aporta poco”, puesto que “sorprendió a muchos” que teniendo una renta per cápita inferior a la media, “hace una aportación de ingresos al Estado superior a nuestra participación en el PIB”.
Mientras, el presidente del PP-A anunció ayer que su grupo llevará al Parlamento de Andalucía una propuesta para la reprobación del líder de ERC y que estudia adoptar acciones judiciales por sus declaraciones sobre los andaluces, que consideró “una extraordinaria barbaridad”.
Mientras, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, anunció ayer que van a presentar una moción en todos los ayuntamientos andaluces en la que se les insta a exigir una rectificación al líder de ERC y a los partidos políticos andaluces a respaldar la defensa que de la comunidad está haciendo su presidente, José Antonio Griñán, tras considerar “intolerable” que Arenas no lo respalde y sí lo haga el presidente catalán.
Por su parte, Puigcercós fue más allá ayer y denunció la existencia de un “pacto de Estado” Madrid-Sevilla-Bilbao en materia fiscal que perjudica claramente a Cataluña, y lamentó que cuando desde esta última alguien alza la voz “se organiza un follón”.
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