La tramitación de la ley de amnistía en el Congreso apura esta semana su primer filtro en la Comisión de Justicia sin que Junts haya conseguido aún incorporar sus enmiendas, en especial la que pide, al igual que lo hace ERC, que sean amnistiables los delitos de terrorismo.
El pasado jueves los cambios propuestos por el PSOE junto a Sumar, ERC, EH-Bildu y BNG fueron incluidos en el texto y quedaron fuera los de Junts y los que presentó ERC en solitario.
Este martes ambas formaciones tendrán de nuevo oportunidad de incorporar nuevas enmiendas porque la negociación con los socialistas, según indicaban fuentes de la formación liderada por Carles Puigdemont, ha estado, está y seguirá abierta para lograr una "amnistía integral" en la que entre todo el mundo" y que sea de aplicación inmediata.
Unas negociaciones que, por parte del Gobierno, pilota el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y que, como siempre, son extremadamente discretas, sin que ninguna de las partes explique si hay avances.
Lo único que ha trascendido hasta el momento son las palabras del ministro, quien la semana pasada dejó claro respecto a las enmiendas sobre la exclusión del terrorismo que "los delitos graves han de estar exceptuados". Dijo también, no obstante, que estaba dispuesto a seguir negociando hasta el final de la tramitación parlamentaria.
El ministro ha defendido además la constitucionalidad del texto y de las enmiendas incluidas hasta ahora, que son las presentadas de manera conjunta con Sumar, ERC, EH-Bildu y BNG.
Precisamente este -el encaje en la Carta Magna- es otro de los temas críticos de cara a la reunión de la Comisión de Justicia del martes ya que el informe de sus letrados muestra dudas de que la proposición de ley presentada por el PSOE en noviembre tenga cabida en la Constitución.
El informe señala que los artículos de la proposición de ley que permitirían amnistiar delitos de malversación y de terrorismo podrían ser contrarios al derecho europeo.
El texto de los letrados desató un nuevo enfrentamiento entre PSOE y PP, que cargó duramente contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que acusan de actuar al dictado de Pedro Sánchez y de ocultar el informe durante días. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió además que se parara la ley tras este "demoledor" informe de la Comisión.
Antes de este informe, el elaborado por los letrados del Congreso no vio elementos de inconstitucionalidad "palmarios y evidentes".
El trámite parlamentario que resta por completar en la Cámara Baja una vez que pase el martes por la Comisión de Justicia será su aprobación en el pleno, momento hasta el cual las enmiendas que no se hayan aprobado -y queden "vivas"- pueden ser incorporadas.
Una vez que el pleno del Congreso apruebe la proposición de ley de amnistía, con o sin los cambios de Junts y ERC, el texto pasará al Senado, donde comenzará una tramitación ya no exprés, como ha sido en la Cámara Baja, sino todo lo contrario, a tenor de lo anunciado por el PP.
No hay dudas ya de que el Senado admitirá a trámite la ley -de no hacerlo Armengol daría por aprobada la ley en el plazo de dos meses-, lo que resta por ver es qué estrategia seguirán los populares sobre un texto que consideran una "autoamnistía" con "nombres y apellidos" a cambio de que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa.
El PP, con mayoría en el Senado, ya ha avanzado que intentará demorar la ley lo máximo posible. La modificación del reglamento de la Cámara Alta aprobada recientemente permite que aunque en el Congreso se haya tramitado por la vía de urgencia allí se vuelva al trámite ordinario, con un plazo que se puede extender hasta los dos meses.
El Gobierno apuntaba en principio a primeros de febrero para que el pleno del Congreso apruebe la ley, aunque la fecha podría adelantarse, por lo que la ley de amnistía podría estar aprobada en el mes de abril, una vez culmine su tramitación en el Senado y vuelva a la Cámara Baja para su visto bueno definitivo.
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