La reciente decisión del
Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el PSC, de despedir a
José Joaquín Sánchez, un clarinetista sevillano de 53 años, tras 27 años de servicio en la Banda Municipal de Barcelona, ha suscitado un amplio debate. La causa del despido ha sido la incapacidad de Sánchez para acreditar un dominio suficiente del catalán, específicamente el nivel C1. Esta medida ha sido calificada por muchos, incluido el propio Sánchez, como un ejemplo de
"dictadura lingüística" y
"utilización del catalán como un arma política de discriminación".
La situación de Sánchez es el resultado de una serie de reformas legales y administrativas. Después de trabajar casi tres décadas como interino, se le exigió participar en un concurso de méritos para regularizar su situación laboral. Este cambio fue impulsado por la ley estatal 20/21, aprobada para dar cumplimiento a una orden de la Unión Europea destinada a limitar los contratos interinos prolongados en la Administración Pública. Aunque Sánchez no esperaba que esto pusiera en peligro su trabajo, la ley de la Generalitat de 2020, que exige el conocimiento del catalán, se convirtió en un obstáculo insuperable para él.
Pese a su integración en la comunidad catalana y su capacidad para entender el idioma, Sánchez, quien obtuvo el nivel A2 de catalán en 2006, no logró demostrar un dominio superior del idioma, lo que finalmente resultó en su despido.
"En Cataluña estamos viviendo una dictadura lingüística," lamenta Sánchez en el diario El Mundo, destacando la expansión de esta política lingüística a varios sectores como educación y sanidad.
El caso de Sánchez no es único. Otras 11 personas han sido despedidas por no cumplir con el nivel requerido de catalán, lo cual incluye a profesionales de diversas áreas como arquitectura y limpieza. Ante esta situación, Sánchez ha decidido llevar su caso a los tribunales, impugnando las bases del concurso por considerar los requerimientos lingüísticos
"excluyentes y desproporcionados". Su abogado, Ángel Escolano, y la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, están asesorando a los afectados y esperan un fallo judicial favorable, similar a uno reciente en San Sebastián que rechazó la exigencia de un nivel de euskera para policías municipales por ser desproporcionada.
El
Ayuntamiento de Barcelona defiende su posición, argumentando que el requisito de conocimiento del catalán ha sido
"público y conocido" desde su regulación por la Generalitat hace cuatro años. Este proceso selectivo, que forma parte de la ley de estabilización de personal, afecta a 12 trabajadores de un total de 3,056 admitidos para cubrir 1,597 plazas.
