El departamento de Interior de la Generalitat ha expulsado del cuerpo a los seis agentes de los Mossos d'Esquadra condenados en septiembre pasado tras admitir que golpearon y vejaron con insultos racistas a un joven negro en Manresa (Barcelona).
La expulsión de estos seis agentes estaba pendiente de un trámite judicial: notificar a la Generalitat la ejecutoria de la sentencia.
Fuentes de la consellería han informado a EFE de que el pasado viernes la Generalitat recibió dicha ejecutoria, y que ayer lunes se firmó el cierre de los expedientes disciplinarios que se abrieron para su expulsión, de manera que desde hoy los seis mossos ya no forman parte del cuerpo.
El departamento de Interior se había comprometido a expulsar a estos agentes, después de que pactasen una condena de un año de cárcel y seis meses de inhabilitación por un delito contra la integridad moral y otro de lesiones leve.
Tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona dictó "in voce" la condena el día del juicio -el 18 de septiembre-, y el pasado 21 de ese mismo mes lo plasmó por escrito en una sentencia, que fue notificada a las partes el 22 de septiembre, según ha precisó la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Interior estaba desde entonces pendiente de que la Dirección General de la Policía recibiera la notificación de la ejecutoria de los seis mossos condenados para proceder a su "inmediato cumplimiento" y cerrar definitivamente los expedientes disciplinarios que se les abrieron con su expulsión del cuerpo, hecho que se materializó ayer con la firma.
En el juicio, los seis mossos reconocieron que habían golpeado, escupido y amedrentado con un disparo al aire a un joven negro en Manresa en enero de 2019, entre insultos racistas como "mono" o "mierda humana".
Los agentes, para quienes la Fiscalía pedía inicialmente tres años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación, pactaron con las acusaciones una sentencia de conformidad que incluía también una multa de 300 euros y una indemnización de 80.000 euros para la víctima, cantidad de la que responde la Generalitat como responsable civil subsidiaria.
