Una cifra más alta de la exigida inicialmente, además de un veto "de por vida" en el sector inmobiliario del estado
La Fiscalía de Nueva York reclamó este viernes una multa de 370 millones de dólares al expresidente Donald Trump (2017-2021) tras el juicio civil por fraude en la Organización Trump, una cifra más alta de la exigida inicialmente, además de un veto "de por vida" en el sector inmobiliario del estado.
Se espera que el 11 de enero el juez Arthur Engoron emita un veredicto por escrito tras los alegatos finales de ambas partes y que concrete una posible multa millonaria para Trump, sus dos hijos mayores y dos antiguos ejecutivos, a quienes ya consideró responsables de fraude, el principal cargo, en un dictamen previo al juicio.
La oficina de la fiscal Letitia James, que ha impulsado el caso e inicialmente reclamaba 250 millones de penalización, argumentó hoy en un extenso documento judicial que Trump debería pagar más porque ha quedado demostrado en el juicio que obtuvo ganancias ilícitas.
La Fiscalía también reclama que a Trump y a los dos antiguos ejecutivos de su empresa acusados, Allen Weisselberg y Jeffrey McConey, se les impida "de por vida" participar en el sector inmobiliario o ejercer la dirección de "cualquier empresa o entidad legal" en el estado de Nueva York.
Tras el juicio, que ha durado unos dos meses, están por resolver seis cargos relacionados con la manipulación de cifras de activos en los documentos financieros de la Organización Trump para obtener ventajas con aseguradoras y bancos, y de ese fallo dependerán la posible multa y medidas restrictivas a los negocios.
Según el nuevo argumento de la fiscal, la mayor parte de los 370 millones reclamados corresponden a los intereses que la Organización Trump se ahorró en cuatro préstamos comerciales (168 millones) y a los beneficios que obtuvo con la venta de un edificio en Washington D.C. (139 millones).
Los abogados de Trump criticaron la cifra en otro documento como "groseramente excesiva", y argumentaron que las transacciones analizadas "fueron bilaterales entre los acusados y sus bancos, y ninguna supuso un impacto para el público" o el mercado, por lo que reiteraron que el caso debería desestimarse.
