La renta por unidad de consumo --es decir, en función de la composición del hogar-- de los hogares españoles cuyos sustentadores principales son jóvenes de entre 16 y 29 años es un 15 por ciento inferior a la media, según se desprende de la monografía 'Presente y futuro de la juventud española', publicada por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Además, con los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 53,2% de las personas en esa franja de edad tiene dificultades para llegar a final de mes, 5,4 puntos porcentuales por encima del promedio de la población.
Esta realidad sucede a pesar de que la juventud actual disfruta de más oportunidades educativas, aunque no todos los jóvenes han alcanzado los mismos resultados. La mitad de las personas entre 25 y 29 años posee estudios superiores, universitarios o de formación profesional superior, cuatro veces más que en 1980. No obstante, un 25% de los jóvenes de ese grupo de edad solo tiene estudios obligatorios.
Aunque los jóvenes españoles de edades comprendidas entre los 16 y los 29 años tienen rasgos generacionales comunes, los factores socioeconómicos de origen y, "muy especialmente", la formación alcanzada, marcan diferencias entre los mismos en sus posibilidades de inserción laboral, así como en otros ámbitos de sus trayectorias vitales.
En esta línea, el informe de la Fundación BBVA y el Ivie describe cuatro perfiles de jóvenes que se diferencian por su situación y oportunidades. En el grupo más desfavorable, formado por casi un millón de 'ninis', se encuentra el 14% de jóvenes que ni estudia ni trabaja. En el lado opuesto, se sitúa el grupo de quienes han contado con un entorno familiar o escolar favorable, han alcanzado estudios universitarios y disfrutan de trabajos cualificados, contratos estables y salarios elevados.
Entre estos dos extremos, figuran los jóvenes que trabajan, pero de forma irregular y con bajos salarios, y aquellos que han acabado formación posobligatoria y tienen empleos que les permiten disfrutar de cierta estabilidad laboral.
El estudio, elaborado por un equipo de investigadores del Ivie y la Universitat de València, dirigidos por el director de investigación del Ivie y catedrático emérito de la Universitat de València, Francisco Pérez, encuentra "una relevante diversidad de posiciones, pero también rasgos comunes". En general, las personas jóvenes están más expuestas a los vaivenes del ciclo económico y la calidad media de sus ocupaciones es peor.
El 25,4% de jóvenes trabaja con contratos a tiempo parcial, 12 puntos por encima de la media del conjunto de la población, y la tasa de temporalidad de la juventud ocupada también dobla el promedio. Además, los salarios de los jóvenes de entre 16 y 29 años son un 35% inferiores a la media y el progreso de sus ingresos a lo largo de la vida laboral está siendo más lento, pues mientras las cohortes anteriores alcanzaban una base de cotización similar a la media antes de los 27 años, actualmente, los adultos jóvenes a los 34 años todavía no la han alcanzado.
Sin embargo, en torno a esos promedios existen diferencias entre distintos grupos: los jóvenes menos formados tienen menos posibilidades de conseguir buenos empleos y progresar, tanto en estabilidad laboral como en salario, y las mayores ventajas las consiguen los que tienen estudios superiores.
Descontado el efecto de otras variables distintas del nivel de estudios, los jóvenes que poseen Formación Profesional de grado superior logran salarios medios un 11,3% mayores que los jóvenes con solo hasta educación obligatoria y los universitarios consiguen empleos un 33,8% mejor remunerados.
Parte de las ventajas salariales de los jóvenes más cualificados se derivan de su preparación para ocupar puestos de trabajo que requieren conocimientos avanzados en competencias que los mayores no pudieron adquirir. Gracias a ello, en el empleo joven de 25 a 29 años pesan más los puestos más cualificados (38,7%) que en el conjunto de los ocupados (35,6%).
El aprovechamiento de las oportunidades de acceso a la educación que han disfrutado las generaciones jóvenes se ha convertido en un factor de movilidad social fundamental. Prueba de ello, apunta el estudio, es que el nivel de estudios completado es un predictor muy relevante de las diferencias en las trayectorias vitales y laborales y el estrato socioeconómico alcanzado. El 59,2% de los jóvenes entre 25 a 29 que proceden de un estrato socioeconómico bajo, pero han completado estudios superiores, consiguen ascender al estrato alto. En cambio, solo logran esa meta el 13,4% de los que únicamente cuentan con formación obligatoria.
Pero la educación también es relevante para desplazarse socialmente hacia abajo y condiciona la probabilidad de conservar la posición de los jóvenes que parten de un entorno socioeconómico favorable. Así pues, un 38,5% de los que proceden de un estrato alto, pero solo finalizan estudios obligatorios, descienden hasta el estrato socioeconómico bajo, mientras que este porcentaje cae al 19,7% en el caso de que hayan alcanzado estudios secundarios posobligatorios y solo alcanza el 8,5% de los que poseen estudios superiores.
El informe destaca que los avances educativos en España han impulsado la movilidad social, ya que han permitido que la mitad de los jóvenes entre 25 y 29 años tenga estudios superiores, universitarios o de formación profesional, cuatro veces más que en 1980.
No obstante, pone el foco en los "límites de ese ascensor social", pues asegura que "el sistema educativo no ha priorizado en la asignación de sus recursos la compensación de las carencias del alumnado desfavorecido" que "sufre una escolarización tardía y menos apoyos para mejorar el rendimiento escolar en los niveles obligatorios".
El informe resalta que para abordar las mejoras necesarias en los diversos ámbitos que afectan a la juventud son "precisas" políticas específicas. Sin embargo, según los autores del estudio, "la pérdida de peso demográfico de la juventud en el último cuarto de siglo puede reducir su influencia en la atención a sus problemas y en el diseño de las políticas para responder a los mismos".
El colectivo de jóvenes entre 16 y 29 años representa actualmente el 14,8% de la población, nueve puntos porcentuales menos que en 1995, frente al peso de otras franjas de edad como los mayores de 65 años que ha crecido hasta el 20,2%.
El documento propone una serie de iniciativas para mejorar la situación de los jóvenes, tanto en el ámbito público como en el privado. En el público, subrayan la necesidad de combatir la desigualdad de oportunidades y resultados educativos y laborales.
En primer lugar, destacan la necesidad de impulsar políticas educativas que asignen recursos a recuperar a los estudiantes que se retrasen en Primaria y Secundaria; ampliar las tasas de escolarización en Secundaria posobligatoria y Formación Profesional, en especial la dual, y a generalizar la formación de calidad en idiomas y competencias digitales.
En el terreno de las políticas laborales, reclaman un despliegue "más preciso y enérgico" de las políticas de empleo dirigidas a formar a los 'ninis' para "rescatarlos de la inactividad y el paro". Además, piden el fomento de la vivienda pública en alquiler, cuya escasez afecta especialmente a la juventud en proceso de emancipación e interesada en desplazarse para encontrar empleo.
En cuanto a las actuaciones en el ámbito privado, subrayan la importancia de que las familias presten atención a la educación desde "muy pronto", así como a la selección más adecuada de la formación posobligatoria a cursar.
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