El PSOE y el grupo parlamentario socialista han sufrido un duro revés con la dimisión de Rafael Velasco, aunque será Susana Díaz quien lo sustituya. El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, tiene claro que hay que seguir trabajando para salir de la crisis y profundizar en las reformas, entre ellas la del sector público andaluz, con disposición al diálogo siempre que se hable de derechos de los trabajadores, pero no de privilegios.

—¿Cómo afectará la dimisión de Rafael Velasco en el trabajo del grupo parlamentario socialista?

—El trabajo del grupo viene marcado por el discurso de investidura del presidente Griñán y por el programa electoral del PSOE y lo que cambia es que no contamos con la aportación, que es verdad que era importante, como diputado de Rafael Velasco. Pero el resto de los diputados, que somos 56, vamos a seguir sacando adelante el trabajo sin problema ninguno.

—Pero Velasco ha estado interviniendo en temas importantes, ¿quién va a sustituirlo?

—Velasco ha estado llevando temas de calado político como máximo responsable del partido y ese papel, en el que se busca no sólo la aportación como diputado si no también la representación en nombre del partido, Susana Díaz es diputada y va a tener que asumir ese trabajo en intervenciones en las que se necesita ese doble perfil. Pero en el grupo parlamentario hay al menos siete u ocho miembros de la Ejecutiva. Ese doble papel se va a poder cubrir perfectamente.

—¿Cree que el ambiente va a ser más duro? Porque es evidente que una dimisión de este calibre afecta.

—Tenemos una línea marcada, que creemos que es la acertada para enfrentarnos a un tiempo complejo, en el que la crisis ha estado marcando la actualidad de los ciudadanos, de la política y de la propia actividad del Parlamento. Creemos que las cosas se han estado haciendo bien y vamos a seguir en la misma línea. Aquí hay un problema de crispación, el PP es el que está intentando desde la crispación que no se genere confianza en los ciudadanos. Desde luego no vamos a caer en esa trampa y vamos a seguir defendiendo nuestro programa electoral y el conjunto de las reformas importantísimas que los gobiernos de España y de Andalucía están desarrollando, que nos van a sacar de la crisis y que nos van a permitir, frente a los ataques brutales que se están haciendo desde la derecha económica, salir de ella garantizando el mantenimiento del Estado de Bienestar.

—El presidente andaluz ya ha solicitado a la Cámara de Cuentas la fiscalización de los cursos de formación, que ya había pedido el PP. Imagino que el PSOE no tendrá ningún problema en apoyarlo.

—Por supuesto que no. Nosotros respaldamos esa iniciativa y lo hacemos porque hay una campaña orquestada por parte del PP contra las políticas activas de empleo y contra todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de los Gobiernos de España y Andalucía por mejorar las condiciones en las que los ciudadanos se incorporan al mercado de trabajo. El Gobierno ha puesto encima de la mesa esa fiscalización para defender las políticas activas de empleo de ese ataque furibundo y absolutamente injustificado, que a su vez forma parte de una cacería que el PP ha querido poner en marcha contra la familia de Rafael Velasco.

—¿Y si esa fiscalización concluye, no tanto en irregularidades, que irían a la justicia, sino que falla el sistema de las políticas activas de empleo?

—Precisamente en este momento hay un proceso de reforma de las políticas activas de empleo pero no porque se esté haciendo mal y desde luego se está haciendo con respeto escrupuloso a la legalidad, si no para adaptarlas a las nuevas circunstancias, a la reforma del mercado laboral y buscar una mayor conexión entre las políticas activas de empleo y las pasivas. La formación ocupacional profesional ha funcionado muy bien. Naturalmente, como toda obra humana, será mejorable pero no desde el punto de vista de los controles de legalidad y ni de los controles del éxito en la formación.

—La dimisión de Velasco y la crisis han marcado y seguirán marcando la actualidad parlamentaria, pero el PSOE también tiene otras prioridades, ¿cuáles van a ser esas iniciativas?

—Nosotros tenemos como primera preocupación la que han tenido los ciudadanos hasta ahora, que es la salida de la crisis económica y generar las condiciones para la recuperación, y para el mantenimiento de esa agenda social que permita esa recuperación sin pérdida de derechos civiles ni de ciudadanía, y acometiendo las reformas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Ésa es nuestra principal tarea. Nosotros hemos contribuido desde el Parlamento a todo ese proceso de reformas que se han puesto en marcha en el sistema fiscal, en la conformación de los presupuestos, la reforma profunda del sector público andaluz, garantizando los empleos públicos y la calidad en la prestación de los servicios, en los grandes planes de impulso a la actividad económica, desde los locales como el Proteja a los sectoriales como el de la internacionalización de la economía, o el Proyecta, que va a ser el gran plan de empleo que va a generar empleo y que va a formar a muchos trabajadores. En todas las grandes iniciativas y reformas ha estado presente el Parlamento. Esa es nuestra principal tarea hasta que no la acabemos, es decir, hasta que Andalucía esté plenamente incorporada a la senda del crecimiento y se haya cambiado radicalmente la tendencia en términos de empleo.

—Hablando de los servicios públicos, el PSOE va a tener que hacer un gran esfuerzo por convencer a una parte de los funcionarios que siguen en contra del decreto Ley de reordenación.

—Hay que distinguir dos cuestiones fundamentales. La primera, la principal, es que la reorganización del sector público andaluz se ha hecho para garantizar el empleo público, la igualdad de oportunidades en función del puesto que ocupan, respetando los derechos y las obligaciones de todos los tipos de empleo. Respetando absolutamente eso pero buscando precisamente que no vaya nadie a la calle. Y buscando que los servicios públicos se presten con mayor eficiencia, con más austeridad en el gasto pero con la misma calidad. Frente a eso hay un acuerdo cerrado con las dos centrales sindicales mayoritarias, que representan el 75% de los trabajadores a los que afecta esa regulación, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. Aquellas reivindicaciones que no sean solicitando derechos sino mantenimiento de privilegios...

—¿Qué privilegios?

—No me estoy refiriendo al conjunto de funcionarios si no a determinados empleados públicos de altísima cualificación que han estado trabajando en estructuras gremiales prácticamente dentro de la administración y que no aceptan que se haya producido un cambio en la organización del Estado, no les gusta el Estado autonómico, no les gusta que las administraciones asuman la gestión de cuestiones relacionadas con el medio ambiente... La defensa de los derechos de los trabajadores está garantizada y hay un acuerdo ya firmado. La voluntad de negociación es total en la defensa de los derechos, en eso dialogamos, pero en la defensa de los privilegios de algunos, no.

—¿Y por qué da la sensación de que esa explicación de que algunos defiende privilegios en vez de derechos no se transmite y sólo queda que lo están haciendo por enchufismo?

—Hay un elemento fundamental y es que los trabajadores tienen sus propias estrategias. Hay sindicatos de izquierda, que están defendiendo el sector público y tienen una determinada manera de hacer las cosas. Y hay sindicatos que tienen una orientación que no es de izquierda y pueden estar más en una estrategia de hacerle el caldo gordo a la derecha, manipulando, mintiendo y trasladando una información que no es cierta. De todas maneras, a esos sindicatos con una orientación tan cercana al PP hay que advertirles que sus compañeros en el Reino Unido van a la calle.

—¿Entonces estamos ante un problema de comunicación?

—Bueno, depende de quién comunique. La inmensa mayoría de los trabajadores públicos saben perfectamente de lo que estamos hablando. Otra cosa es que algunos líderes de esos sindicatos están más en posiciones políticas que en posiciones sindicales.

—La crisis, la marcha de Chaves, el nuevo gobierno de Griñán y los cambios que ha tenido, incluso el propio presidente de la Junta dice que hay que mejorar la comunicación y el saber decir qué está haciendo el Gobierno. ¿Va a cambiar algo?

—Lo que se ha estado es, fundamentalmente, trabajando hacia dentro para poner en marcha las reformas que están posibilitando que este presupuesto ya anuncie crecimiento económico y generación de empleo neto en la Comunidad. Otros han estado dedicados a intentar generar incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos. Quizás es cierto que hay que hacer un esfuerzo por parte de todo el mundo para hacer una comunicación más profunda y más intensa de todo el trabajo que se viene haciendo por parte de los gobiernos de España, de Andalucía y los municipales. Durante las épocas de convulsión y de crisis, la crisis vende más que las soluciones. Nosotros hemos estado trabajando en las soluciones y otros han estado del lado de los problemas. Cuando un trabajador encuentre un puesto de trabajo no será porque se ha comunicado mejor o peor una política, sino porque se ha hecho una determinada política. El PSOE está cumpliendo con su obligación y el PP se ha echado a la poca vergüenza a esperar que la crisis económica le resuelva su falta de liderazgo y Arenas ha estado sonriendo cada día porque ha visto una oportunidad. Los ciudadanos saben que es una persona que no le importa Andalucía, que pertenece a un estatus social distinto al de la inmensa mayoría de los andaluces y que sólo le preocupa su proyecto personal.

—Pero si las elecciones municipales tuvieran unos resultados muy negativos para el PSOE...

—Los ciudadanos son los que tienen siempre la última palabra. De todas maneras, en las elecciones municipales los ciudadanos van a hacer una valoración de cómo les ha ido la vida en el ámbito de su ciudad, de su municipio. Ahí hay un trabajo hecho por los alcaldes y alcaldesas del PSOE de primer nivel. El PSOE va a ganar y muy bien las elecciones municipales en Andalucía y en España.

—¿A pesar de que las grandes ciudades o capitales votan al PP?

—Va a consolidarse el proyecto de izquierda de Jaén y de Sevilla, y hay ciudades que se va a producir la incorporación a un gobierno de izquierdas porque el proyecto del PP en esas ciudades está simple y llanamente agotado y ha sido incapaz de responder a las necesidades de los ciudadanos en este tiempo tan complicado que hemos vivido.