El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado este jueves calificar como delito de odio la "bochornosa" protesta celebrada en Nochevieja junto a la sede del PSOE en Ferraz en la que se apaleó un muñeco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se ha remitido a la calificación que haga al respecto la Fiscalía.
"No me gusta como ministro del Interior hacer una valoración jurídico-penal de los hechos que están siendo investigados por la Policía Nacional y coordinados por la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio, y será la Fiscalía la que determinará finalmente la relevancia que pueda tener los mismos", ha dicho.
Grande-Marlaska ha reiterado que el PP tiene que "condenar sin matices" el "bochornoso" acto celebrado el 31 de diciembre ya que, la protesta con la piñata de Sánchez, es "un tributo a la violencia". "No podemos ser parcos en la condena", ha reiterado.
El ministro ha contestado de esta forma en la rueda de prensa con motivo del balance de siniestralidad vial de 2023 al ser preguntado por el anuncio del PSOE de que estudiaba todas las vías posibles contra el uso del muñeco de Sánchez que fue simbólicamente ahorcado y apaleado en las inmediaciones de Ferraz.
Los socialistas, de hecho, apuntaron desde el primer momento a la posibilidad de que se pudiera investigar como delito de odio, una cuestión de la que discrepa el socio del Gobierno, Sumar, ya que consideran la protesta reprochable pero sin que esto tenga que conllevar castigo penal.
En el marco de las diligencias policiales, este miércoles fue citado un hombre en el Complejo de Moratalaz por los agentes de la Brigada Provincial de Información por su posible relación con el acto de "las uvas en Ferraz". Antes de entrar, este hombre explicó que se limitó a hacer "un favor" a Revuelta, la organización en la órbita de Vox que impulsó la protesta y la recaudación de dinero.
Ante otra pregunta sobre el aumento de publicaciones en redes sociales de contenido xenófobo, el titular del Interior ha asegurado que el Ministerio trata esta problemática dándole la "máxima prioridad", y se ha remitido al segundo plan aprobado por su departamento, lo que implica destinar más medios en la prevención o la monitorización de redes sociales.