Sobre las facturas duplicadas en el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla
El ex asesor del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño ha alegado la “nulidad de pleno derecho” de la reapertura del caso por las presuntas facturas falsas de la federación vecinal Unidad, ya que el juez no le dio oportunidad de pronunciarse antes de resolver.
El abogado de Castaño, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, explica que el juez atendió el recurso del PP, personado como acusación, sin permitir que él mismo, como uno de los imputados, pudiese ejercer “el ineludible derecho de defensa que le correspondía”.
El juez de instrucción 14 de Sevilla aceptó esta semana la petición del PP de investigar nuevas facturas, con lo que anuló su anterior auto en el que había archivado las actuaciones respecto al ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo y el ex asesor municipal Domingo Enrique Castaño.
En dicho auto, el juez acordó abrir procedimiento abreviado contra la ex presidenta de Unidad A. N, su esposo A. C. y la contable de la entidad J. P. M, imputados por un presunto delito de falsedad en documento oficial al haber presentado la misma factura, pero por conceptos distintos, al Ayuntamiento sevillano y a la Diputación.
Ahora, el abogado de Castaño informa de que no le notificaron el recurso del PP por cambio de su procurador, pese a que su nueva representante procesal está legalmente personada y de hecho fue a ella a quien le notificaron el auto de procedimiento abreviado del 6 de septiembre de 2010.
No haber podido expresarse sobre el recurso del PP “constituye a todas luces una indefensión procesal provocada por un error en la tramitación de la causa”, por lo que el letrado José Manuel García Quílez pide la “nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones judiciales” posteriores al auto del 6 de septiembre.
Fuentes del caso han explicado a Efe que el juez, previsiblemente, estimará ahora dicha nulidad y retrotraerá las actuaciones para dar traslado a la defensa de Castaño del recurso del PP para que lo impugne, y después dictará un nuevo auto.
Tras reabrir la causa, el juez pidió a los interventores del Ayuntamiento y la Diputación que, en 15 días, informasen si unas facturas de la copistería Copyur a la federación vecinal se encuentran en algún expediente de cuentas justificativas de subvenciones concedidas entre 2001 y 2004.
