La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, dijo ayer que no se plantea cambiar el seguimiento social de la niña de diez años que ha dado a luz, confirmó que el padre del bebé tiene menos de catorce años y anunció que demandará a los medios que sigan violentando la intimidad de esos menores.

En rueda de prensa, Segarra anunció que la Fiscalía va a presentar una demanda civil contra el periódico de Cádiz que primero publicó imágenes del domicilio de la niña rumana, tras dar a luz el pasado 26 de octubre en un hospital de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.

Segarra ha informado de que los datos recabados hasta ahora indican que la niña tuvo otro domicilio en España, donde estuvo escolarizada, y que se trata de un caso en el que los abuelos se hacen cargo de los nietos, por lo que los servicios sociales “no se plantean, por ahora, hacer una intervención diferente a la que vienen realizando”.

Los servicios sociales de Lebrija (Sevilla), donde ahora vive la menor con sus padres, trabajan para que la niña, una vez superado el postparto, vuelva a estar escolarizada, “tenga una vida lo más normal posible dentro de sus circunstancias” y disfrute de la infancia a la que tiene derecho.

Según Segarra, el principal ataque que está sufriendo en este momento la joven madre y su bebé es el acoso de los medios informativos, que al difundir imágenes de su domicilio están violentado “de forma importantísima” el derecho de ambas menores a “su intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de su personalidad”.

El acoso ha llegado al punto de impedir las entrevistas con los servicios sociales, según la fiscal jefe, ya que la familia rumana no se atreve a salir a la calle, y alertó de que esta presión de los medios informativos “no puede sino perjudicar el trabajo social e incluso provocar que la familia se vaya del domicilio”.

Según Segarra, este acoso “puede llevar a que la familia tome decisiones nada deseadas, como por ejemplo marcharse del domicilio, con lo que la labor de los Servicios Sociales iría al traste”, según prosiguió María José Segarra, quien, aunque mostró su “pleno” respeto a la libertad de información, aseveró que “las condiciones en las que se tiene que trabajar son imposibles así”.

Cambio de domicilio

La Fiscalía planteará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lebrija que se ofrezca otro domicilio a la familia si persiste el “acoso” mediático “e incluso trasladar a la menor a un centro”, asegurando que la familia está recibiendo ofertas de dinero y de regalos por unas entrevistas “que no es su deseo conceder”.

Por ello, anunció que la Fiscalía interpondrá demandas judiciales en defensa de las dos menores frente a los medios que sigan divulgando esas imágenes, así como contra el primer medio de comunicación gaditano “que desveló tanto la identidad de la menor como una fotografía del domicilio”, y a partir de aquí estudiarán el resto de medios que han actuado igual para ampliar la demanda, y también lo hará ante el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Preguntada por la posible existencia de delito al mantener relaciones sexuales con una niña de diez años, Segarra confirmó que el padre del bebé es menor de edad penal, es decir que tiene menos de catorce años, y añadió que “por ahora no hay ningún indicio” de que la niña haya mantenido relaciones con un adulto.

También aseguró que el protocolo para estos casos ha funcionado correctamente y de hecho ya los servicios sociales del hospital de Jerez donde dio a luz ya detectaron el caso “y no vieron necesidad de intervenir”.

Aseguró que, de las primeras comprobaciones iniciales, se deduce que tanto la madre como el bebé “están bien de salud y correctamente atendidas desde el punto de vista sanitario”, mientras que la familia además “está colaborando dando información sobre los lugares previos de su estancia en España y sobre la identidad de la madre, el padre y la abuela”.

Navarro no descarta que la familia opte por regresar a Rumanía

Mientras, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, afirmó ayer que no descarta que la familia de la madre de 10 años regrese a Rumanía, puesto que se trata de ciudadanos “libres para circular por la Unión Europea”, y señaló que esta circunstancia podría pasar “en cualquier momento”.

En declaraciones a los periodistas tras la firma de un convenio de actuación social celebrado ayer en Sevilla, Navarro señaló sin embargo que no le consta la existencia de “cargos o delitos” contra la familia de la menor que pudiera incitar a sus familiares a abandonar España.

La titular de Igualdad denunció las imágenes publicadas esta semana en los medios de comunicación, en las que la niña aparecía “corriendo por la calle apenas una semana después de parir”, y manifestó que la intención del departamento que dirige es la de “garantizar la seguridad y la protección” de la menor.

Reiteró que debido a la “excepcionalidad” de este caso en Andalucía y España, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha abierto un expediente informativo para conocer todos los detalles y subrayó que no descarta ningún tipo de actuación por parte de su departamento.

La Consejería ha contactado con el Consulado de Rumanía para “contrastar” los datos aportados por la madre de la niña -principal fuente de información para esta institución-, puesto que “no existen documentos” que determinen el tiempo que la menor lleva en Lebrija (Sevilla), donde, según el entorno familiar, “se encontraba de paso” debido a la boda de un familiar, sostuvo Navarro.