Se considera que el resultado del proceso podría sentar precedente para otros muchos casos de edificios que sucumbieron
Con once personas acusadas de responsabilidad en el derrumbe de un hotel que costó 72 vidas se abrió este miércoles, en la ciudad turca de Adiyamán, el primer juicio importante vinculado a los fuertes terremotos que en febrero de 2023 causaron más de 50.000 muertes en el sureste de Turquía.
Se considera que el resultado del proceso podría sentar precedente para otros muchos casos de edificios que sucumbieron a los temblores debido a deficiencias en su construcción.
En medio de grandes medidas de seguridad, la primera vista del caso se inició con la identificación de los acusados, entre ellos el propietario del hotel, en un tribunal de la provincia de Adiyaman, una de las golpeadas por dos sismos de magnitud 7,7 y 7,6 el 6 de febrero pasado, informó la agencia estatal Anadolu.
Acompañado por una delegación de unas cien personas, el primer ministro de la República Turca de Chipre del Norte, Ünal Üstel, así como familiares de las víctimas del derrumbe del hotel, asisten a este proceso judicial.
Entre los escombros del hotel Isias de Adiyaman, de cuatro estrellas, perdieron la vida 26 niños de dos equipos escolares de voleibol del norte de Chipre, así como un grupo de guías turísticos turcochipriotas que realizaban un curso de formación.
"El caso es muy importante para nosotros" dijo Üstel antes de entrar a la sede del tribunal y asegurar que él y su delegación permanecerán en Adiyaman hasta el final del juicio.
"Confiamos en la justicia suprema turca de la República de Turquía", añadió el mandatario, citado por Anadolu.
Cinco de los once acusados, entre ellos el propietario y el arquitecto del hotel, se encuentran en prisión preventiva.
Debido a los enormes defectos constatados por expertos en la planificación y construcción del edificio, la fiscalía les acusa de causar la muerte de 72 personas por negligencia, un crimen por el que podrían ser condenados a hasta más de 22 años de prisión cada uno.
Los familiares de las víctimas exigen que sean juzgados por "presunta intención" de asesinato. Los acusados se declaran inocentes.
Según un informe oficial, más de 35.000 edificios se derrumbaron por completo el 6 de febrero y otras decenas de miles sufrieron serios daños.
