El Consistorio dio a la empresa un plazo de un mes para acatar esta orden, mediante acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local el 16 de abril de este año. En vistas de que la empresa no cumplió se le impusieron dos multas coercitivas. Con respecto al resto de la obra en fase de construcción y que la empresa desea mantener en pie, el Ayuntamiento requirió la presentación del proyecto de legalización en un plazo de dos meses, habiendo trascurrido ese plazo sin que haya presentado la documentación. Así, el Ayuntamiento le ha impuesto hasta la fecha tres multas coercitivas por un importe cada una de ellas de 14.100 euros, la última mediante acuerdo también adoptado por la Junta de Gobierno Local en octubre de este año.
Además , se dictaminó en su día una serie de multas coercitivas -hasta cinco por importe cada una de ellas de 9.000 euros- inherentes a la restauración de la legalidad del encauzamiento del cauce del río, las cuales quedaron sin efecto (exclusivamente las inherentes al río) al alegarse por la empresa que la Agencia Andaluza del Agua tiene pendiente de resolver el recurso de alzada interpuesto en relación a este asunto.
El Ayuntamiento tomó el 28 de mayo un acuerdo instando a la Agencia a que asumiera las competencias tendentes al restablecimiento de la legalidad urbanística, además de reclamarle información referente a las actuaciones dirigidas a la restauración del orden sobre el río Guadalete.
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