La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, defendió ayer la aplicación de la figura de “venta con alquiler y retorno” sobre los activos patrimoniales de la Junta porque “permite obtener ingresos” para mantener sus políticas, “entre ellas las de inversión”.

Tras reunirse con representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para presentarles el Proyecto de Presupuestos para 2011, Martínez Aguayo dijo que se trata de una “operación al uso en Europa”, que se ha hecho en Austria o Alemania, y que, por tanto, “se puede poner en marcha en España, aunque no sea frecuente que lo haga una administración pública”.

“Queremos poner en valor todo nuestro patrimonio a través de que dé una mejor rentabilización”, dijo la consejera, que explicó que la fórmula para hacerlo pasa por “ver si tenemos espacios ociosos que permitan ser alquilados o que generen ingresos, sin que se vean alterados para nada ni los usuarios ni los trabajadores”.

Aclaró que con esta figura los activos patrimoniales de la Junta “no salen de ella”, sino que son trasladados a una empresa de la propia Junta, por lo que “no cambia nada, ni la titularidad, ni la prestación de servicios a los andaluces ni la situación del personal de la Junta”.

Ante las críticas vertidas por el Partido Popular contra este procedimiento, la consejera subrayó que Andalucía “no se vende” y que “lo que tendría que estar todo el mundo es orgulloso de tener un patrimonio que es capaz de ponerse en valor y generar más recursos en un momento en el que es tan importante encontrarlos para el conjunto de los objetivos del presupuesto”.

“El Gobierno de la Junta, ante un momento de dificultad como la crisis económica, está permanentemente innovando y reformando sus formas de trabajar para dar respuesta a cada uno de los problemas de los andaluces”, destacó.

Martínez Aguayo detalló que la aplicación de esta fórmula se realizará “cuando corresponda”, ya que todavía se encuentra en fase de estudio, y se articulará a través de un acuerdo del Consejo de gobierno y de los procedimientos legales que se establecieron en la Ley de Patrimonio en su modificación, según explicó.

Sin embargo, el PP ha criticado duramente esta medida. Así, el presidente del PP-A, Javier Arenas, criticó ayer lo que consideró “el último trapicheo” de la Junta, consistente en vender sus propiedades a sus propias empresas públicas para enmascarar el endeudamiento de la administración autonómica, que, dijo, se ha triplicado en los tres últimos años.

Durante su intervención en la clausura en Granada de la II Interuniversitaria de Asociacionismo Universitario, Arenas calificó esta práctica como “hacerse trampas a sí mismo”.

Con la venta de las propiedades a sus empresas públicas, son éstas las que se endeudan, por lo que la Junta evita que le conste a ella la deuda, según Arenas, que acusó además al Gobierno andaluz de estar privatizando “hasta la inversión pública”, en alusión a la financiación público privada con la que se llevarán a cabo algunas de las actuaciones previstas en los presupuestos.

Para Arenas, los de 2011 son los presupuestos de “los recortes sociales”, especialmente en Viviendas de Protección Oficial, que han sufrido un recorte “brutal” del 75%, según el dirigente del PP, que aludió también a la merma de inversiones en sanidad y educación, ámbitos a los que, según lo acordado, debería ir fundamentalmente destinada la deuda histórica, precisó.

“Y encima se obliga a los ayuntamientos a devolverle ingresos al Estado”, criticó Arenas, que se refirió al hecho de que Andalucía tendrá que devolver 6.000 millones de euros de 2008 a 2009 para criticar que la Junta sí pueda pagar en solares pero los consistorios no.

Arenas aludió también a la petición del PP para que la Cámara de Cuentas de Andalucía fiscalice las ayudas de la Junta a los cursos de formación y criticó que la respuesta del PSOE haya sido la de promover auditorías “sólo en las cinco ciudades en las que gobierna el PP”, dejando así al margen a Córdoba, Jaén y Sevilla.

Los empleados públicos vuelven a manifestarse en contra del decreto Ley

Mientras, funcionarios y empleados públicos, más de 5.000 trabajadores, según el sindicato CSIF-A, cortaron ayer el paseo de las Delicias de Sevilla a la altura del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para protestar por el decreto ley de reordenación del sector público aprobado por el Gobierno andaluz, y convocados por dicho sindicato.

Según indicaron a Europa Press fuentes de CSIF-A, la movilización fue un “éxito total de afluencia de empleados públicos” y fue convocada a entre las 14,30 y 15,00 horas, al término de la jornada laboral.

Dicha movilización, donde también acudieron representantes de Ustea y de varias asociaciones de funcionarios y empleados públicos de la Junta para “unificar acciones y movilizaciones”, se desarrolló sin incidentes, según las fuentes, para las que esta acción “demuestra una vez más el grado indignación de los empleados públicos, que están más unidos que nunca”.

Asimismo, destacaron que se han efectuado concentraciones en las provincias, convocadas por CSIF, “con éxito de asistencia”.

Fuentes de CSIF-A advirtieron de que esto “es el comienzo de una larga cabalgada en contra de este decreto ley, sobre el pedimos su derogación al ir en contra de los intereses públicos”.

“No es sólo cuestión de derechos y garantías laborales, pedimos la derogación del decreto ley, es un clamor”, apuntaron fuentes de CSIF-A, que anunciaron que este sábado otras asociaciones de funcionarios y empleados convocaron una marcha por el carril bici, que también apoyarán y están preparando una manifestación para el 13 de noviembre por las calles de Sevilla.

Para CSIF, “se ha demostrado el altísimo grado de descontento del conjunto de empleados públicos hacia una medida que ha sido impuesta por el Gobierno andaluz y que se ha intentado maquillar con un acuerdo con las organizaciones sindicales no mayoritarias”.

El programa que más crece, el de la internacionalización

En cuanto a los presupuestos en sí, el apoyo a la internacionalización de la economía andaluza es el programa que más crece del presupuesto de la Junta para 2011, el 55%, según subrayó ayer en el Parlamento andaluz el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila.

El consejero, que como el resto de los miembros del Consejo de Gobierno comparece estos días en el Parlamento para explicar las cuestas de su departamento, destacó que el crecimiento de esta partida, que sumará 46,6 millones, es un ejemplo de la apuesta de la Junta por impulsar un cambio de modelo productivo andaluz.

También subrayó que los 2.827 millones de euros del presupuesto de su Consejería suponen un recorte de sólo el 0,1% con respecto a 2010 y permitirán que este departamento sea “el más inversor” de la Junta en 2011.

Mientras, el consejero de Empleo, Manuel Recio, destacó como uno de los hechos más relevantes del presupuesto de su departamento para 2001 que las partidas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sumarán 1.079 millones, el 4,7% más que en 2010. El SAE absorberá el 80,9% de todo el gasto e inversión de su Consejería, que sumará 1.333 millones, el 3,6% más que en 2010, lo que convierte al empleo “en la política sectorial que más crece, lo que demuestra que es una evidente prioridad para el Gobierno andaluz”.

Por su parte, los presupuestos asignados a Educación, que ascienden a 6.144 millones, reflejan la prioridad que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha otorgado a las políticas de educación, según afirmó ayer el titular del departamento, Francisco Álvarez de la Chica.