El rechazo a las profundas reformas impulsadas por el presidente de Argentina, Javier Milei, y su pretensión de contar con "súperpoderes" para gobernar se ahondó este jueves con la convocatoria a una huelga general y nuevas presentaciones judiciales en contra de las iniciativas del nuevo Gobierno ultraliberal.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, resolvió hacer una huelga general y una movilización al Congreso el próximo 24 de enero, un día antes a la fecha que el Ejecutivo pretende que se vote en el Parlamento el polémico paquete de reformas.
La central sindical, de raigambre peronista y que no lanzaba una medida de este tipo desde el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), ya se había movilizado este miércoles para protestar contra un decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por Milei para desregular la economía, un instrumento que entrará en vigencia este viernes.
A este decreto se ha sumado este miércoles el envío al Parlamento de un proyecto de ley del Ejecutivo por el que se declara la emergencia pública en Argentina hasta finales de 2025 -prorrogable por otros dos años-, período en que se delegan al presidente amplias facultades legislativas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
"Si se le da la suma del poder público a un presidente, más allá de los votos que haya sacado, por dos años y los puede renovar por otros dos años, vamos a estar ante una circunstancia en la que un presidente va a tener todo su mandato con la suma del poder público y no se respetan las instituciones", advirtió en rueda de prensa Héctor Daer, secretario general de la CGT, para quien la pretensión gubernamental va contra los derechos individuales y colectivos.
El proyecto de ley incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras, una flexibilización laboral y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas y tomar deuda pública.
La iniciativa gubernamental es también rechazada por movimientos sociales, varios de los cuales cortaron parcialmente este jueves una carretera en la periferia oeste de Buenos Aires como medida de protesta.
"La movilización es una clara pelea contra la reinstalación del modelo neoliberal conservador en su versión más cruel", dijo a EFE el dirigente social Luis D'Elía, de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, una de las convocantes a la protesta.
La cruzada contra los planes de Milei, quien asumió la Presidencia argentina el pasado 10 de diciembre y ya puso en marcha un plan de "shock" de duro ajuste fiscal en medio de un complejo escenario económico y social, también se libra en la Justicia.
Allí se sumaron este jueves otras dos acciones en contra del decreto, además de las ya presentadas por la CGT y dos organizaciones de la sociedad civil.
En el Parlamento también hay álgidas reacciones al decreto y el proyecto de ley, rechazados de plano por el frente peronista Unión por la Patria y por las fuerzas de izquierda, mientras que son eje de debate en otras fuerzas, como la Unión Cívica Radical (centro).
"Hay gente que todavía no quiere cambiar. En este mes que tenemos por delante en el camino legislativo veremos quiénes son los que se oponen", dijo este jueves en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni.
La formación de ultraderecha La Libertad Avanza, de Milei, tiene una mínima representación en el Congreso y contaría de momento con el apoyo de Propuesta Republicana (Pro, el partido de Macri, un aliado del presidente libertario).
Más allá de su contenido, el proyecto de ley plantea un desafío por su forma y su volumen: 664 artículos en diez capítulos de los más variados temas que el Gobierno pretende que se analicen en pocas semanas y solo en cuatro comisiones, cuando en un trámite normal pasaría por una veintena de comisiones y su tratamiento demoraría meses.
