Un año después de que ingresara en prisión el primer exalto cargo socialista de la Junta de Andalucía de los condenados por la pieza política de los ERE falsos, seis permanecen cumpliendo condena y solo uno ha salido de la cárcel este año por motivos de salud.
El Supremo ratificó en 2022 la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de la entrada en prisión de nueve exaltos cargos condenados por los ERE, entre ellos el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, aunque ambos recurrieron la medida por motivos de salud.
Barberá, aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, y Griñán, por un cáncer de próstata por el que ha estado pleiteando durante todo este año después de que la Audiencia ordenara que un forense del Instituto de Medicina Legal examinase la documentación e hiciese un reconocimiento al expresidente.
Finalmente, el pasado 26 de junio la Audiencia decidió suspender durante cinco años la ejecución de la pena de seis años de cárcel impuesta a Griñán por un delito de malversación.
Por el contrario, Agustín Barberá entró en prisión el 6 de abril para cumplir la pena de siete años impuesta pese a que padece un tipo poco común de tumor maligno para el que recibirá tratamiento médico dentro del centro penitenciario.
El pasado 28 de diciembre de 2022 ingresó en prisión el primer exalto cargo, Carmen Martínez Aguayo, la que fuera consejera de Hacienda del Gobierno de José Antonio Griñán, sin que apurara el plazo de los diez días que concedió la Audiencia de Sevilla a los condenados para que entraran en prisión y que culminaba el 2 de enero de 2023.
Martínez Aguayo ingresó en la cárcel del mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para cumplir su condena de seis años de prisión por un delito de malversación, y a partir de esta fecha fueron entrando en prisión el resto de los condenados por el caso de los ERE falsos, uno de los procesos a dirigentes políticos más importantes de la democracia.
Le siguió el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y a partir el 2 de enero entraron en prisión el extitular de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera -actualmente en tercer grado por sus problemas de salud-, el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, y los exaltos cargos Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano.
Todos los condenados habían solicitado la suspensión de condena alegando que habían pedido el indulto del Gobierno pero los jueces rechazaron las peticiones, salvo en el caso del ex director general Juan Márquez a quien el Tribunal Supremo redujo la pena de cárcel de siete años de prisión a tres años, al apreciar la atenuante de reparación del daño.
Seis de los condenados solicitaron al Tribunal Constitucional la medida cautelar para que se suspendieran las penas de prisión que le fueron impuestas mientras se estudiaba a fondo el recurso de amparo contra la sentencia del Supremo. El TC lo rechazó el pasado mes de septiembre.
Además, el Gobierno comenzó el pasado mes de octubre los trámites burocráticos para el indulto de todos los exaltos cargos condenados, con lo que de aprobarse saldrían inmediatamente de prisión.
Concretamente, la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del ministerio de Justicia dio el primer paso para gestionar el perdón al dirigir el preceptivo oficio a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla solicitándole "un informe respecto a la petición de indulto" dictada por cada uno de los penados.
La pieza política del caso de los ERE falsos supuso la condena de 19 de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán, con seis años de cárcel por un delito continuado de malversación y quince de inhabilitación por otro de prevaricación, y Manuel Chaves, con nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Por este último delito también fueron inhabilitados durante nueve años la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías.
La sentencia, hecha pública en noviembre de 2019, estableció la responsabilidad penal de los ex cargos socialistas que permitieron la creación y el mantenimiento de un "sistema fraudulento" de ayudas sociolaborales para empresas en crisis que se prolongó durante más de una década (2000-2011) en la Junta de Andalucía.
Según la sentencia, los condenados eran consciente de dicho sistema y procedimiento permitió el reparto arbitrario de más de 680 millones de euros.
El fraude comenzó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Manuel Chaves aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez, con el fin de agilizar el proceso y evitar los controles correspondientes.
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