La empresa andaluza de artes gráficas Cailu emplea a mujeres y hombres que han sufrido maltrato y a discapacitados, porque sus dos directivas consideran que la independencia económica “salva vidas”, según subrayó a Efe una de las empresarias, Cristina Pavón.
Para lograr la inserción social y laboral de las personas afectadas, Pavón y su compañera María del Mar Martínez han creado, además de la empresa, una serie de “medidas complementarias”, como gestiones médicas sobre prótesis, tres alojamientos transitorios, formación complementaria o apoyo psicológico.
Estas medidas son “imprescindibles” para permitir que una mujer o un hombre víctima de malos tratos pueda desarrollar su trabajo con normalidad, como lo confirma el jefe de administración de la empresa, Javier, de 40 años, que no ofrece sus apellidos para no ser identificado y que fue maltratado psicológicamente durante 10 años.
Hace cinco años empezó a trabajar en Cailu, aunque los primeros meses sólo recibía atención psicológica porque “tenía anulada la personalidad” por la mujer con la que convivía.
“Era superior el amor que le tenía que el despecho que ella ejercía sobre mí”, asegura este licenciado en Economía para explicar que mantuviera diez años la relación y que ahora disfruta de amigos, de su familia y que lloró de emoción cuando los compañeros de trabajo le celebraron el cumpleaños tras diez años sin hacerlo con nadie.
Con nueve años de experiencia y 37 empleados -28 mujeres y nueve hombres-, la empresa atraviesa ahora una crisis por falta de pedidos, lo que ha provocado que la facturación, de 1,4 millones de euros, baje en un año un 42%, según Pavón, presidenta de la Fundación Genus, que incluye a Cailu.
Otra de las trabajadoras con discapacidad tras sufrir malos tratos de su ex marido, Isabel, que tampoco da sus apellidos por seguridad, cuenta que gracias a su trabajo de peón puede vivir de forma independiente tras recibir de su ex pareja cuatro disparos que le dejaron sin un ojo, con daños en la mandíbula y otras secuelas.
Isabel, que aún tiene restos de munición en el cerebro y que recibía 336 euros como pensión tras la agresión, fue dada por muerta por su agresor, del que llevaba cuatro años separada cuando recibió los disparos y que al ser detenido por la Policía dijo junto a la mujer yacente: “la he matado yo, qué pasa”.
