Este nuevo deslinde, que se comunicará oficialmente a los vecinos en los primeros días de noviembre, reduce de forma ostensible las previsiones de derribo de los últimos años, obligando a un encauzamiento más profundo. Y es que, hace tan sólo seis años la Subdelegación del Gobierno anunciaba que 155 chalés sobraban. El pasado año el primer proyecto lo dejaban en una treintena.
¿Y el siguiente paso? Concluir el proyecto definitivo de un encauzamiento más profundo que dejará casi sin efecto la presa de laminación, hoy ‘encallada’ por las numerosas alegaciones, incluso, en la Comisión Europea. Esta solución “radical y definitiva” permite, según explicó el delegado del Gobierno, Felipe López, que se resuelva el problema de seguridad en la zona sin necesitar ese polémico proyecto, que contaba con un presupuesto de más de 40 millones de euros. A pesar de que ninguno de los responsables públicos quiso confirmarlo, todo apunta a que la infraestructura no se ejecutará.
Este encauzamiento, un trabajo “extraordinariamente detallado, técnicamente impecable y con el menor coste social en cuanto a número de personas afectadas”, tendrá un coste para el Gobierno andaluz mayor, precisó López. A pesar de no querer precisar la cuantía exacta, anunció que contará con consignación presupuestaria para 2011 “suficiente” c on el que iniciar las obras tras el proceso de licitación.
Los vecinos
El balance de los vecinos es “positivo” puesto que la solución “va por buen camino”, explicó el presidente de Unidad de Gestión Vecinal de Los Puentes, Antero Jiménez. A pesar de todo, mostraron un rechazo inicial a la decisión de desechar la presa, aunque, posteriormente, cambiaron de opinión. “Qué más nos da si lo único que queremos es que se resuelva y los técnicos dicen que se resolverá”, afirmó. En cuanto al número de viviendas y parcelas afectadas, se felicitó por la decisión del Gobierno andaluz de llevar a cabo un deslinde “bordeando propiedades para perjudicar lo menos posible a los vecinos”.
Los Puentes serán suelo urbano en el nuevo PGOU
Junto al encauzamiento de los ríos, el Ayuntamiento cuenta con un instrumento más para ordenar la zona: el PGOU. En el nuevo documento, que está siendo ultimado por el equipo de gobierno, se contemplará como suelo urbano, según confirmó la propia alcaldesa, Carmen Peñalver, quien confió en que antes de final de año se apruebe en el pleno.
Los vecinos valoraron este anuncio, después de las dudas surgidas en torno a la calificación del suelo, pues en el documento de aprobación provisional aparece como rústico.
Peñalver reclama un nuevo convenio tras la transferencia
La alcaldesa de la ciudad, Carmen Peñalver, reclamó ayer que se suscriba un nuevo convenio que sustituya al protocolo del año 2006 -firmado por Ayuntamiento, gobernado por el PP, Junta y Gobierno central-, ya que las competencias han pasado a la Junta. Y es que, el reparto de obligaciones cambia sustancialmente desde el pasado 1 de enero de 2009 donde se hizo efectivo el traspaso.
En el marco de este nuevo acuerdo, Peñalver pidió que se pusiera en marcha el proyecto de recuperación y rehabilitación del paraje de Los Cañones, abandonado durante los últimos años.
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