En un comunicado, el presidente de El Refugio, Nacho Paunero, ha manifestado que, "según la juez instructora, el dueño y la directora conocían el maltrato animal que se producía en la perrera de Puerto Real e incluso podrían haber existido instrucciones a los veterinarios para utilizar el paralizante muscular para así ahorrar costes".
El Refugio denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona el 15 de junio del año 2007 iniciándose un procedimiento penal que hasta el día de hoy tiene cinco tomos con cerca de 2500 folios. La organización proteccionista está personada como acusación en el primer procedimiento penal contra una perrera en España, donde los supuestos penales que se imputan son supuestos delitos de falsedad documental y denuncia falsa, así como delito continuado de maltrato de animales.
La organización ha recordado que en la perrera de Puerto Real se recogían miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios de la provincia de Cádiz. Supuestamente los animales recogidos eran sacrificados con un paralizante muscular que era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que en la mayoría de las ocasiones podía durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato está absolutamente consciente hasta que muere asfixiado, ya que afecta a los músculos respiratorios.
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