Asegura que intentarán resolverlo en las mesas de negociación
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, achacó ayer a la “desinformación” de empleados públicos y funcionarios las crecientes protestas de estos colectivos, que están reclamando la retirada y modificación del decreto-ley que reordena el sector.
Tras reiterar que la reordenación del sector público andaluz busca una mayor eficiencia de la Administración y que se desarrollará a medio plazo, apuntó que en un primer momento sólo se simplificará la “cadena de mando” con la supresión de los directivos que se dupliquen con la fusión de agencias afectadas.
Tras la celebración del Consejo de Gobierno, la consejera, que el lunes admitió la posibilidad de modificar algunos “flecos” del decreto-ley, no dudó en atribuir las movilizaciones a la “desinformación” de los empleados públicos, “fruto de los tiempos” tras la convocatoria de huelga general.
La consejera explicó que hay “mesas de negociaciones abiertas y estamos intentando resolver la situación. Siempre nos hemos entendido con los trabajadores y lo seguiremos haciendo”, aseguró.
Respecto a las declaraciones del presidente de Mango y nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, que ha pedido al Gobierno que aplique a los nuevos funcionarios una retribución variable y una estabilidad similar a la de la empresa privada, Martínez Aguayo las rechazó y las enmarcó en posiciones “conservadoras”.
Después de lamentar la intencionalidad de esas palabras, la consejera acusó al presidente de la empresa textil de defender la “destrucción” del empleo público, estrategia que comparó con la que está aplicando el Gobierno conservador de Gran Bretaña y con la “voluntad que está visualizando el PP”.
En términos parecidos se expresó Mar Moreno, consejera de la Presidencia, a propósito de la querella presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en el TSJA contra el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y sus trece consejeros por “abusos” en relación al decreto-ley del sector público.
“La intencionalidad política de la querella es evidente, no nos inquieta desde el punto de vista jurídico porque forma parte del ruido, la desinformación y el ataque al sector público que lidera el PP”, denunció.
Protesta de Greenpeace
Sobre la protesta que en esos momentos realizaba Greenpeace a las puertas del Palacio de San Telmo, la consejera de Presidencia aseguró respetar el activismo de esta asociación, cuya labor alabó, pero apuntó que la Junta es “un ejemplo a seguir” en materia medioambiental para el resto de Comunidades e incluso el proyecto de José Antonio Griñán se basa en la sostenibilidad, apuntó.
Según Mar Moreno, en el Gobierno andaluz están “tremendamente orgullosos de las políticas ambientales de la Junta” al ser pionera en materia de cambio climático, gestión de espacios naturales, protección de la biodiversidad, ordenación sostenible del territorio o transporte público sostenible, sostuvo.
Un equipo de bomberos desencadenó ayer a la docena de activistas de Greenpeace que permanecieron encadenados durante unas cuatro horas a varias verjas del Palacio de San Telmo.
Los activistas protagonizaron esta protesta coincidiendo con la reunión que cada martes celebra en este palacio el Gobierno andaluz para protestar por lo que consideran una involución de la política ambiental de la Junta.
Los miembros de Greenpeace no opusieron resistencia a la actuación de los bomberos, vigilada por un amplio dispositivo policial, aunque una portavoz de este grupo ecologista denunció, en declaraciones a la agencia Efe, la “vergüenza” que, en su opinión, supone que la Junta haya contestado con esta actuación a la solicitud de reunión que le había presentado este grupo ecologista.
Los activistas precintaron simbólicamente el Palacio de San Telmo para denunciar la “inoperancia” con la que actúa la Junta en la defensa del medio ambiente y de la salud pública frente a las presiones económicas y empresariales.
