En la novena sesión del juicio contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha indicado que la cadena de custodia "está perfectamente asegurada", al precisar que "quien recibe los distintos efectos es la Policía Judicial", por lo que ha señalado que "no ha habido ruptura" y, por tanto, la prueba obtenida es "totalmente válida y correcta".
En este sentido, López Caballero ha apuntado que "no hay prueba alguna" de una posible manipulación y ha precisado que los documentos "no se los llevan personas ajenas a la investigación y los custodia desde su casa, se los lleva la Policía Judicial y los conserva en dependencias policiales bajo disposición de la autoridad judicial o el ministerio fiscal".
El representante del ministerio público ha precisado que no iba a contestar a las alegaciones que entran en el fondo del procedimiento, "porque no es el momento", pero sí se ha manifestado sobre la petición formulada por la defensa del empresario Rafael Gómez 'Sandokán', para que se incorporaran a la causa las investigaciones realizadas sobre el acrónimo JAG., para que "se despeje cualquier duda de ámbitos de impunidad respecto a determinadas personas".
Aunque ha matizado que no se trata de una cuestión previa como tal, ha explicado que tras el hallazgo de un documento en el trastero del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, con esas iniciales, se dedujo testimonio, lo que dio lugar a un procedimiento separado "que terminó con auto de sobreseimiento y archivo" por parte del segundo instructor, Óscar Pérez, por cuanto "la investigación no llegó a ningún lado".
SOBRE NULIDADES
López Caballero ha ido respondiendo a las alegaciones de las defensas, insistiendo en que la mayor parte de éstas "han sido revisadas" por la Audiencia, que en la mayoría de los casos "ha convalidado" las resoluciones de los instructores, tanto del primero, Miguel Ángel Torres, como de Pérez.
"Parece que esto se obvia cuando se dice toda esta catarata de descalificaciones", ha manifestado el fiscal, quien ha puntualizado que el sentido de esta fase era "debatir artículos de previo pronunciamiento y todas aquellas infracciones de derechos fundamentales que no hubieran sido objeto de pronunciamiento", pero ha señalado que "parece que asistimos a una especie de adenda y se han repetido hasta la saciedad cuestiones que ya han sido resueltas".
Para el fiscal, algunas de estas alegaciones "no pueden provocar el efecto que se dice", refiriéndose en concreto a las detenciones supuestamente indebidas. Ha recordado que en este sentido se plantearon querellas contra el instructor que no fueron estimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
A este respecto, se ha referido a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el arresto ordenado por el mismo juez Torres en el caso 'Ballena Blanca'. En ese caso, ha dicho, se cuestionaba por falta de motivación un auto de detención de una persona acusada actualmente en esa causa, sobre lo que dicho Tribunal europeo señala que "la queja debe ser desestimada".
Respecto a la falta de competencia del primer juez para instruir la causa, ha insistido en que fue resuelta hasta en tres ocasiones por la Audiencia, declarando a Torres competente para esta tarea. Sobre la infracción de las normas de reparto, ha señalado que no tendría la consecuencia de nulidad alegada por las defensas, según la jurisprudencia que ha citado. No obstante, ha reiterado que esta cuestión también fue discutida previamente.
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