La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) alerta del peligro que supone la creación de una Administración Tributaria independiente para Cataluña, como ha abierto la puerta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión con el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, advirtiendo que el fraccionamiento de la Agencia Tributaria (AEAT) podría llegar a afectar incluso a la lucha contra el fraude fiscal.
En las líneas básicas de la Asociación, que dio a conocer en su Congreso Anual de hace dos meses, los inspectores de Hacienda sostienen que la división de la Agencia Tributaria atentaría contra la "conculcación de los principios tributarios, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributarias".
En la reunión que mantuvo este pasado jueves Sánchez con Aragonès, el presidente del Gobierno rechazó el referéndum de autodeterminación que reclaman los independentistas, pero propuso un acuerdo para que Cataluña tuviera más autogobierno.
En este sentido, fue preguntado por la posibilidad de abordar un pacto fiscal, aunque respondió que él no utilizaría ese término concreto, pero recordó que el Estatut de Autonomía de Cataluña recoge la opción del desarrollo de una Agencia Tributaria catalana.
Y es que una de las reivindicaciones de las formaciones independentistas pasa por la recaudación del cien por cien de los impuestos, como un régimen especial parecido al del País Vasco y Navarra, y una financiación singular para Cataluña, aunque, tras la reunión que tuvo con Aragonès, Sánchez apostó por la multilateralidad en la reforma del sistema de financiación autonómica.
En el documento de líneas maestras de la Asociación, los inspectores de Hacienda advierten las consecuencias del fragmentación de la Agencia Tribuaria en la gestión y recaudación de los impuestos, en la lucha contra el fraude fiscal y en su función de órgano vertebrador de determinadas ayudas sociales del Estado.
En este sentido, los inspectores señalan que la Agencia Tributaria también ejerce otras funciones, como las relativas a la gestión de otras prestaciones, ajenas al ámbito tributario, como las deducciones en el IRPF, las ayudas para madres trabajadoras o las destinadas a las familias numerosas, u otras como la bonificación en el gasóleo o la gestión del mínimo vital.
"El desafío de la creación de una Administración Tributaria fraccionada conlleva el traspaso de determinadas líneas rojas que ponen en un brete a la eficiencia en la gestión del sistema tributario, pudiendo generar desigualdades en su aplicación fruto de una ineficiente gestión", advierten.
De este modo, resultaría afectado el sistema de información tributaria, "que ha de ser único para todo el territorio a fin de garantizar su aplicación, ya que la lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible".
Por otra parte, los inspectores de Hacienda señalan que la necesidad de un sistema de caja única "también se vería afectada". "La gestión y el control de las retenciones y pagos fraccionados se deberían llevar a cabo por la Agencia Tributaria, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación que se ceda a cada comunidad", añaden.
Y esto, según precisan, conllevaría un "gran riesgo" en la gestión de las retenciones, que "deben de realizarse de forma integrada por la Agencia Tributaria, así como para el sistema de control de las actividades económicas, que debe ser de carácter integrado".
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