Las defensas de los procesados han centrado hasta la fecha sus alegaciones en la nulidad de los registros y escuchas telefónicas por la vulneración de derechos fundamentales y han criticado las detenciones injustificadas y la instrucción del juez Miguel Ángel Torres, a quien reprochan haber incumplido las normas de reparto de los juzgados de Marbella.
Una vez concluidas las cuestiones previas, el Tribunal resolverá aquellas que considere con carácter previo a la celebración del juicio oral y las restantes serán resueltas en la sentencia.
La vista comenzó hace casi un mes, el pasado 27 de septiembre, con una gran expectación mediática, que se ha diluido a medida que se han prolongado las sesiones.
Durante la última jornada, el pasado miércoles, el abogado Hipólito Marín, que representa a la ex concejal de Marbella María José Lanzat, sugirió que una de las principales pruebas, que refleja la contabilidad del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, pudo haberse alterado al estar cuatro meses sin custodia policial.
El letrado informó de que la carpeta del CD con las anotaciones de los destinatarios de los supuestos pagos ilegales de Roca fue creada el 21 de junio de 2006, cuando el registro de las dependencias de la sociedad Maras Asesores se produjo en marzo, por lo que mantiene que "no hay garantías" de que el contenido no pudiera ser "alterado".
Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel y más de 810 millones de euros de multa, ejercía una posición de "dominio" sobre la Corporación municipal de Marbella, según el ministerio público.
Mañana está previsto que comparezca en el juicio el procesado José María Mellado, acusado de blanqueo de capitales, a quien el presidente de la Sala, José Godino, permitió ausentarse hasta la intervención de su abogado.
Mellado sufrió un mareo el pasado día 5 cuando se presentó en el juicio horas después de que Godino amenazara con detenerlo y encarcelarlo si no se presentaba, tras faltar por segundo día consecutivo.
Entre los 95 imputados en este proceso hay ex alcaldes y concejales, abogados y empresarios que han estado vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol.
El caso Malaya, cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.
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