Cuatro miembros de la Plataforma Unidos por el Agua se encuentran en huelga de hambre en protesta por la situación del Norte de la provincia de Córdoba, donde 80.000 personas están sin agua potable en sus grifos desde hace ocho meses.
El portavoz de la Plataforma Unidos por el Agua y una de las personas en huelga de hambre, Miguel Aparicio, ha señalado este lunes a EFE que decidieron adoptar esta medida porque "estamos viviendo una situación lamentable" con 80.000 personas que "se abastecen a diario de agua contaminada y no tenemos acceso a agua potable" en los grifos.
La huelga de hambre la comenzaron el pasado viernes a las 14.00 y desde entonces se encuentran en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, una localidad de la comarca de Los Pedroches que, junto al Guadiato, son las dos comarcas afectadas por la falta de agua potable.
Para Aparicio, esta falta de agua potable ha provocado que las dos comarcas "entren en una situación de crisis empresarial, los negocios no pueden funcionar, ni la vida diaria de cualquier ciudadano puede ser normal".
Esta situación se debe a la falta de agua del pantano de Sierra Boyera, del que se abastece el Norte de la provincia, y a que el agua del embalse de La Colada, que se trasvasaba al primero, no es apta para el consumo humano.
Los miembros de la Plataforma Unidos por el Agua decidieron ponerse en huelga de hambre el mismo día que la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba firmaron un convenio para garantizar la potabilización y el abastecimiento de agua, con una inversión de 15 millones de euros a cargo de la Administración autonómica.
Este acuerdo incluye la redacción y puesta en marcha, por parte de la Diputación, del proyecto para la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, donde se invertirán 4 millones de euros, mientras que los otros once millones se destinarán a la conexión entre los embalses de Puente Nuevo y Sierra Boyera.
Sin embargo, para Miguel Aparicio este convenio no supone la solución a la problemática del agua porque "lo que se nos propone es una depuradora después de nueve meses pasándolo realmente mal" y es "una depuradora que funciona solamente si en diciembre caen 300 litros de agua, por lo que la propuesta que nos hacen no sirve absolutamente para nada, carece de sentido y podríamos meterla en el cajón de la chapuza".
En su opinión, es normal la despoblación de los pueblos porque se ha preguntado si alguien querría vivir en un municipio donde tiene que salir todos los días "como hace 70 ó 80 años a la calle, llueva, haga fría calor a por agua potable" o "alguien quiere comer en un plato que se ha lavado con agua contaminada" y ha concluido con eso no "lo quiere nadie".
Para Francisco Casero, otra de las personas en huelga de hambre, es necesario que se sienten a dialogar todas las partes, el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación, las mancomunidades y la sociedad civil porque "es fundamental tener una visión global".
Casero ha asegurado que "el tema del agua va a ser un tema esencial en la lucha contra el despoblamiento y para eso hace falta, por tanto, asumir la responsabilidad compartida".
IU denuncia ante la Fiscalía
Ante el convenio firmado el pasado viernes entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, la dirección provincial de Izquierda Unida ha anunciado que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía por "prevaricación ambiental".
En un comunicado, la coalición ha calificado este convenio como una "farsa" y una "vergüenza" y ha asegurado que "el supuesto plan del Gobierno andaluz mezcla un 60 % de agua potable con un 40 % de agua potencialmente tóxica".
