Según la consejera de Presidencia, Mar Moreno, defendió ayer que el decreto de reordenación del sector público “mejora y fortalece” al sector, apostando por su modernidad y eficacia, basado en un “compromiso con lo publico”.
Apuntó que se busca “un buen servicio a la ciudadanía, una mayor eficacia en el gasto, en plenas garantías jurídicas para los trabajadores y también en la participación de los representantes en todo el proceso”, por lo que negó que se lesionen los derechos de los funcionarios y trabajadores públicos.
“Ni queremos, ni vamos ni podemos lesionar sus derechos”, señaló, aunque reconoció que es “lógica” la inquietud de los trabajadores, aunque confió en que en el periodo de negociación “se aclaren muchas cuestiones”.
Sin embargo, consideró que “no es de recibo la actitud del PP que está sembrando la confusión y engaña” a los funcionarios y trabajadores públicos. “A los funcionarios diciéndoles que queremos hacer fijos a no se cuantos y a los empleados públicos diciéndoles que queremos lesionar sus derechos”, criticó.
Para la consejera, si la alternativa del PP es “cerrar las agencias y despedir a 25.000 trabajadores debería decirlo claro, porque para la derecha los servicios públicos son un mal de la economía y para nosotros forma parte de la mejor economía”.
Mientras, el Parlamento -en una votación en comisión- rechazó ayer, con los únicos votos del PSOE, una iniciativa de IU, apoyada por el PP, que reclamaba al Gobierno andaluz anular y dejar íntegramente sin efecto este decreto, así como abrir un proceso de diálogo sobre la integración del personal.
IU proponía que en cada una de las sociedades creadas se forme una comisión que apruebe los estatutos y que las operaciones jurídicas se realicen con el total acuerdo de los trabajadores, y criticaba que la Junta haya impedido la participación de los partidos y de la sociedad andaluza en esta reordenación.
Vaquero recordó que los colectivos de funcionarios creen que este decreto “vulnera” sus derechos económicos y profesionales, lo que se ha traducido en una denuncia ante el TSJA y advirtió de que se pueden suprimir potestades públicas a personal funcionario de la administración.
El diputado del PP Salvador Fuentes, que recordó que su partido acudirá al Tribunal Constitucional (TC), calificó de “cacicada y chapuza legal” el decreto y se mostró convencido de que va a traer “consecuencias irreparables” para el sector público andaluz.
Fuentes aclaró que el recurso del PP ante el TC se debe principalmente porque “conculca” los derechos fundamentales de los trabajadores, mientras “blinda” a otros 200.000 empleados.
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