Gobierno, sindicatos y empresarios volverán a verse las caras este lunes para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la cuantía en la que debería situarse el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024, cuyo importe actual asciende a 1.080 euros mensuales por catorce pagas.
En concreto, el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha convocado para mañana a las 10.30 horas a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para proseguir las negociaciones después de una primera reunión celebrada el pasado 30 de noviembre.
Trabajo quiere resolver la negociación del SMI con acuerdo y para ello tratará de hacer encaje de bolillos entre las propuestas de la patronal y de los sindicatos, sin dejar de lado su propio objetivo: que el SMI no baje del 60% del salario medio y que no pierda poder adquisitivo.
En este sentido, la vicepresidenta Díaz considera que el SMI debe subir "como mínimo" un 3,8%, porcentaje en el que se ha situado la media de los últimos doce meses del último IPC adelantado, el de noviembre, que esta misma semana deberá ser confirmado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
"Esto (3,8%) es el mínimo, porque la crisis de inflación es real. Tenemos que compensar la pérdida de poder adquisitivo", dijo la ministra de Trabajo hace unos días.
Lo cierto es que, por el momento, su Departamento no ha puesto sobre la mesa de negociación ningún porcentaje, aunque fuentes del Ministerio apuntan a una cifra que podría rondar el 4%.
En todo caso, Trabajo no descarta plantear una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que lo sitúe por encima del 60% del salario medio neto recomendado por la Carta Social Europea y comprometido en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar si así consigue un pacto con sindicatos y empresarios.
Desde el Ministerio señalan que el SMI actual, de 1.080 euros mensuales por catorce pagas, ya se encuentra en el 60% del salario medio neto, de manera que, para que siga cumpliendo con esa equivalencia, debería actualizarse cada año teniendo en cuenta dos parámetros: la subida salarial media en los convenios colectivos y la inflación, para que no pierda poder adquisitivo.
Tomando ambos elementos, la subida que debería experimentar el SMI en 2024 para seguir representando el 60% del salario medio neto tendría que situarse entre el 3,6% en el que se prevé que acabe el año la subida salarial media pactada en convenio y el 3,8% de la inflación (media noviembre 2023 sobre diciembre 2022).
No obstante, los sindicatos piden no bajar del 5% y la CEOE ha planteado un 3%, con una posible alza adicional del 1% si se desvía la inflación. La idea de Trabajo es conseguir un acuerdo con ambas partes, aunque eso signifique que el SMI de 2024 se sitúe por encima de la referencia del 60% del salario medio neto.
La razón, alegan fuentes del Ministerio de Trabajo, es que esa referencia del 60% del sueldo medio neto no es inexpugnable, sobre todo porque la intención del Departamento de Yolanda Díaz es subir el SMI con acuerdo.
Eso sí, Trabajo no tiene intención de desviarse mucho ni hacia arriba ni hacia abajo de un SMI que represente el 60% del salario medio neto, pero no pondrá peros si, para lograr el acuerdo, hay que subirlo algo por encima de los parámetros que maneja: la subida salarial media pactada en convenio (3,49% hasta noviembre) y la inflación.
En todo caso, el Ministerio está convencido de que entre lo que proponen los sindicatos (5%) y lo que plantea, de inicio, la patronal (3%) es factible encontrar una cifra que sume a ambas partes al acuerdo y con la que Trabajo dé cumplimiento a la exigencia de que el SMI equivalga al menos al 60% del salario medio neto.
Desde la parte sindical se considera la propuesta empresarial "demasiado baja" y remiten a la subida del sueldo medio (+5,2%), recordando además que el aumento salarial medio para los nuevos convenios colectivos está por encima del 4%.
En lo que sí parecen estar de acuerdo con CEOE y Cepyme es que en esta negociación se incluya la demanda empresarial de incorporar la indexación de los contratos con la administración pública al SMI.
La subida del SMI no es el único 'melón' que ha abierto el Gobierno en estos inicios de legislatura, también está la reforma del subsidio por desempleo, cuyos contactos está previsto que continúen la próxima semana.
Esta reforma, comprometida con Bruselas y vinculada a la recepción del cuarto desembolso de los fondos europeos, ha provocado un choque entre los Ministerio de Trabajo y Economía del que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que se saldrá con "sentido común".
Entre tanto, la vicepresidenta Díaz acusó hace unos días a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de defender un modelo de "recorte de derechos" en el subsidio por desempleo, reconociendo que existe una "batalla ideológica" entre ambas a cuenta de esta reforma, de la que ha dicho que es competencia de Trabajo y no de Economía.
Así las cosas, Trabajo celebró el pasado 4 de diciembre una reunión con sindicatos y empresarios para presentarles su propuesta para esta reforma: que el subsidio por desempleo, actualmente equivalente al 80% del Iprem (480 euros al mes), eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses.
Este planteamiento, que Trabajo asegura haber negociado con Bruselas, choca con el defendido por el Ministerio de Economía, que quiere que este subsidio sólo se pueda recibir durante 12 meses, con las siguientes cuantías: 100% del Iprem durante los tres primeros meses (600 euros actualmente); 80% del Iprem en el segundo trimestre de percepción (480 euros mensuales); 65% del Iprem en el tercer trimestre (390 euros), y 50% en el último trimestre (300 euros), según fuentes del Ministerio de Yolanda Díaz.
El diseño de Trabajo incorpora al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según sus estimaciones) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000); elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata, y establece la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo durante los primeros 45 días sin rebajar su cuantía.
En la reunión del pasado 4 de diciembre, UGT, CCOO y CEOE consideraron "insuficiente" la reforma propuesta por Trabajo y expresaron sus dudas sobre si habrá margen para modificarla antes de que se envíe al Consejo de Ministros.
En concreto, los sindicatos entienden que la reforma es "insuficiente y parcial" porque las cuantías planteadas no son "adecuadas" y quieren situarlas por encima de los 660 euros al mes.
Por su parte, fuentes de la patronal indicaron a Europa Press que la reforma propuesta por Trabajo no contiene incentivos suficientes para que los parados que cobran el subsidio busquen un empleo.
Los agentes sociales quedaron con Trabajo en remitir sus propuestas en unos días y UGT incluso barajaba enviarlas este lunes.
"Nosotros presentaremos nuestras propuestas y esperamos que sean acogidas, ya que llevamos mucho tiempo esperando la reforma del desempleo para ahora cerrarla de una manera precipitada y probablemente chapucera", señaló el vicesecretario general de Política de UGT, Fernando Luján.
Desde la CEOE han criticado que la propuesta de Trabajo no se acompañara de un análisis financiero ni de una evaluación de los subsidios anteriores. "Haremos llegar nuestras aportaciones para orientar esta reforma a que estos subsidios estimulen la búsqueda de empleo", apuntó la patronal.
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