El pleno del Congreso debatirá el próximo martes, 12 de diciembre, la toma en consideración y la tramitación por urgencia de la proposición de ley de la amnistía para los encausados en el proceso secesionista catalán, a falta de que lo ratifique hoy la Junta de Portavoces.
La Mesa del Congreso ya calificó de forma favorable el pasado 21 de noviembre, con la mayoría del PSOE y Sumar y el voto en contra del PP, la ley de amnistía tras el informe de los letrados, dirigidos por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, que no ve elementos de inconstitucionalidad "palmarios y evidentes".
Además de la proposición de ley, el pleno de la próxima semana debatirá el jueves la creación de las comisiones de investigación pactadas por Pedro Sánchez para su investidura.
Se trata de dos presentadas conjuntamente por Junts y PNV sobre la "Operación Cataluña" y las actuaciones de Interior durante los gobiernos del PP contra el independentismo catalán, y sobre los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017.
También examinará la creación de una tercera comisión solicitada por ERC y Bildu sobre el espionaje con el programa Pegasus del que supuestamente fueron víctimas en sus móviles 65 políticos, activistas, periodistas y abogados por su vinculación al independentismo catalán o vasco.
La proposición de ley de amnistía planteada por el PSOE, tras sus acuerdos con los partidos independentistas, anula la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso secesionista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
Se aplicará no solo a los líderes de los partidos independentistas y a sus principales dirigentes, sino también a directores de colegios en los que se pusieron las urnas para el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, alcaldes, manifestantes, así como los agentes policiales que actuaron durante esa consulta, considerada ilegal por la justicia española.
El PSOE justifica su necesidad en que la aplicación de la legalidad es "necesaria" pero "en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo", y aboga por que el Derecho se adapte al contexto político.
La ley de amnistía excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y también quedan fuera los delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, "siempre que superen un umbral mínimo de gravedad".
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