El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha revocado el tercer grado penitenciario que el gobierno vasco concedió al histórico dirigente etarra José María Arregi Erostarbe, Fitipaldi, por edad avanzada, 77 años, al entender que no cumple el requisito de haber pedido un perdón "expreso" a sus víctimas.
Esta es la segunda vez que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria anula la concesión del tercer grado a Erostarbe, uno de los ocho primeros presos de ETA a los que el Gobierno Vasco concedió la semilibertad cuando se hizo con la competencia de prisiones.
Así, en noviembre de 2022, al serle revocada la semilibertad, tuvo que regresar, como esta vez, a la prisión donostiarra de Martutene.
Ahora, en este nuevo auto, el juez José Luis Castro estima el recurso de la Fiscalía contra esta segunda concesión del tercer grado al considerar que el preso no cuenta con los requisitos necesarios para dejarle en semilibertad por motivos humanitarios basados en su "ancianidad" como propuso la Junta de Tratamiento del centro penitenciario en el que actualmente cumple condena.
"En tanto que el dato de la ancianidad (en el presente caso 77 años) debe conjugarse con las circunstancias y variables concretas del penado", en este caso, el magistrado observa "importantes variables desfavorables".
La principal,"la relativa al posicionamiento ante las víctimas, que no se pueden obviar por razón de edad, por lo que debe seguirse trabajando en el ámbito de la Justicia Restaurativa a fin de solventar dichas carencias".
A esto se suma que, según informes médicos, tampoco se observa "un deterioro de la salud" y es que, "la atención integral de personas mayores en Centros penitenciarios no contempla la excarcelación automática de personas con 70 años o más".
Por todo ello, entiende que lo que debe potenciarse es "la vía tratamental, especialmente en el posicionamiento ante las víctimas, como paso previo a la clasificación pretendida. Todo ello sin perjuicio de que por razón de edad o enfermedad se produjera un agravamiento del estado de salud del interno".
Respecto al posicionamiento delictivo y ante las víctimas, Erostarbe dirigió un escrito al Equipo Técnico del CP de San Sebastián en fecha del 8 de enero del 2023.
Ahí reconocía "el dolor causado a tantas familias" y manifiesta su pesar "a todos los afectados por sus hechos", además de expresar un "total rechazo a cualquier tipo de violencia" y se desvincula de cualquier proyecto que utilice la violencia para alcanzar fines políticos.
Para resolver el recurso, y a requerimiento del Juzgado, el etarra envió otro escrito en el que se ratificaba en su pronunciamiento ante las víctimas "en general", si bien rechazó hacer una petición de perdón expresa a sus víctimas.
Lo argumentó en que siente haber sido el causante de su dolor, "pero lo soy -indica el escrito- y nada puedo hacer para reparar las consecuencias de algunos de mis actos. Nombrar a todos ellos en un escrito me parece frío, distante, acaso revictimizante y no quiero dejar de lado a ninguno”.
El Juzgado también le preguntó si estaría dispuesto a colaborar "activamente" para impedir las actuaciones de la organización terrorista a la que ha pertenecido, y en el esclarecimiento de hechos cometidos por ETA, según recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP).
Su respuesta fue que no tenía problema en acudir a todos los llamamientos judiciales que se le hicieran, "pero, sinceramente, creo que esta pregunta está fuera de sitio, en el año 2023", puntualizó.
"Nadie -añadió- discute que ETA se disolvió y que las personas de mi generación que pertenecimos a la misma no tenemos intención de resucitarla. No creo, sinceramente, que haya hoy en día posibilidad alguna de un rebrote de actividades de ese tipo".
En cuanto a las causas sin resolver, indicó: "no creo que haya nada que yo pueda contar de interés, pues los hechos en los que participé están acabados"
Estas respuestas, le llevan al juez a concluir que es necesario que clarifique su posicionamiento ante las concretas víctimas de sus delitos, ya que considera inoportuno "relativizar la diligencia de colaborar con las Autoridades judiciales o Fuerzas de Seguridad, cuando existen cerca de 300 casos de atentados terroristas sin resolver".
"No parece ético ni razonable el frivolizar con esto por el hecho de que la banda terrorista esté disuelta", subraya el magistrado, al recordar que las familias de las víctimas "tienen derecho a conocer la verdad de lo que ocurrió en esos atentados que cambiaron sus vidas cualitativamente, arrastrando un dolor injusto e innecesario".
Destaca en este sentido que actualmente Erostarbe está incluido en un programa de Justicia Restaurativa, "lo que le permitirá, tal vez, un reconocimiento más profundo y real del daño causado ante las víctimas de sus actos: 16 muertos y 88 heridos".
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